El PP-A desveló ayer hasta cinco requerimientos realizados entre octubre de 2011 y septiembre de 2012 por el Tribunal de Cuentas a la Junta de Andalucía a fin de que entregue los convenios que, según el PP, "permitieron otorgar las ayudas fraudulentas" de los expedientes de regulación de empleo (ERE).

Durante el debate parlamentario con el presidente de la Junta, José Antonio Griñán, el presidente del PP-A, Juan Ignacio Zoido, dio a conocer estos cinco requerimientos realizados por el Tribunal de Cuentas tras la denuncia formulada por los populares, en la que se ponía de manifiesto "la existencia de presuntas irregularidades en la aplicación y gestión de los fondos de subvenciones o ayudas gestionadas por la Consejería de Empleo".

Según la documentación facilitada por el PP, el 27 de octubre de 2011 la delegada instructora de las actuaciones iniciadas por el Tribunal de Cuentas dirigió un primer escrito a la Consejería de Empleo.

En este primer requerimiento, le solicitó que remitiera los "convenios particulares de colaboración suscritos en aplicación del Convenio Marco de Colaboración, de fecha 17 de julio de 2001, celebrado entre la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico de la Junta y el Instituto de Fomento de Andalucía para la materialización de ayudas en materia de trabajo y seguridad social, de conformidad con lo dispuesto en la Estipulación Segunda del citado Convenio Marco".

Después de dos ocasiones más, en un escrito de 17 de abril de 2012, el Tribunal de Cuentas vueve a requerir a la Junta los convenios particulares de colaboración solicitados.

El último requerimiento de información por parte del Tribunal de Cuentas tiene fecha 5 de septiembre de 2012, y en él pide a la Junta que la documentación sea aportada "con la mayor urgencia posible".