Andalucía

PSOE, Podemos e IU avalan una ley de memoria de 1931 hasta 1982

  • PP y Ciudadanos se abstienen porque el texto sugiere la revisión de la ley de Amnistía de 1977 y por su influencia en la enseñanza

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Seis años después de que IU hiciese su primer intento, Andalucía cuenta ya con una Ley de Memoria Histórica y Democrática. El Parlamento aprobó ayer el texto con los votos de los partidos de izquierda y la abstención del PP y Ciudadanos. El objetivo de la norma es proteger y dar a conocer "la historia de la lucha del pueblo andaluz y conocer la verdad" sobre los hechos ocurridos entre la proclamación de la II República, en abril de 1931, y la aprobación del Estatuto de Autonomía de Andalucía, en enero de 1982.

La ley es básicamente la que impulsó IU durante su etapa en el Gobierno en la pasada legislatura, recuperada por la Consejería de Cultura de Rosa Aguilar de forma íntegra. La norma incluye varias aportaciones de Podemos, como la puesta en marcha de una comisión o grupo de trabajo que recopile testimonios de las personas que vivieron la represión en la Guerra Civil y la dictadura franquista. Después se redactará un informe sobre las violaciones de los derechos humanos cometidas en aquella época que llegará al Parlamento y, tras su aprobación, al Congreso de los Diputados.

Se pondrá en marcha un informe con testimonios de víctimas que llegará al ParlamentoNos abstenemos porque rechazamos cualquier amago de ideología o discordia"

En ese informe tendrán voz las víctimas, que también quedan definidas en esta ley, así como sus familiares. Tendrán especial atención colectivos como las mujeres represaliadas, los homosexuales y los niños robados. Sin embargo, el texto no parte de cero, puesto que la Dirección General de Memoria Democrática ya ha puesto en marcha medidas como un banco de ADN en colaboración con la Universidad de Granada y está en proceso de actualización del mapa de las fosas comunes que todavía hay sin identificar en la comunidad.

El consenso en la Cámara no ha sido posible, pese a que los cinco partidos avalaron algunas de las iniciativas, como la protección de los llamados "senderos y lugares de la memoria". PP y Ciudadanos rechazaron de pleno la aplicación del texto en el ámbito de la difusión en los medios de comunicación y la inclusión de la memoria histórica en asignaturas de Secundaria y Bachillerato.

La fricción también se trasladó al carácter ideológico del texto. El ponente popular, Juan Ramón Ferreira, afeó a PSOE, Podemos e IU que no hayan incluido ninguna de las enmiendas de su partido ni de Ciudadanos en el trámite parlamentario de la ley. Tanto él, como su homólogo de la formación naranja, Sergio Romero, acusaron a los partidos de izquierda de intentar impugnar la Transición con esta norma.

Concretamente, el documento legislativo aprobado ayer equipara -en la exposición de motivos- a los crímenes del franquismo con los cometidos por el régimen nazi, condenados en los juicios de Nuremberg. Por ese motivo, la ley establece que las consecuencias de estas acciones no son susceptibles de prescribir "mediante el establecimiento de leyes de amnistía". Eso es lo que criticó Romero, quien rechazó "cualquier amago que huela a ideología o que suene a discordia" para explicar la abstención de su grupo.

La extensión de periodo de aplicación de la ley a la II República y a los años que van desde la muerte de Franco hasta la consecución de la autonomía tampoco gusta a PP y Ciudadanos, pero es uno de los logros destacados por la Consejería de Cultura. El líder de IU, Antonio Maíllo, se congratuló por el reconocimiento más allá de 1975 y se refirió de forma expresa a Manuel José García Caparrós, el joven que murió en la manifestación del 4 de diciembre de 1977 en Málaga.

La hermana de García Caparrós se encontraba entre el público que asistió ayer al Pleno, entre los representantes de las asociaciones memorialistas que han participado en la redacción de la ley. A ellos, como todos los ponentes y la consejera Rosa Aguilar, se refirió la representante del PSOE, María Márquez, quien reconoció que la norma aprobada intenta paliar "la asignatura pendiente" que la Transición tenía con las familias de las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo.

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