El secretario general del Partido Popular andaluz, José Luis Sanz, exigió ayer a la presidenta de la Junta, Susana Díaz, que dé muestras de que quiere ser "implacable contra la corrupción" y proporcione a su grupo parlamentario "todos los expedientes" de ayudas y subvenciones que la Administración autonómica ha otorgado al sindicato UGT-A en los últimos cinco años.

Así se lo reclamó en el transcurso de la I Escuela de Otoño del PP de Sevilla que se celebra durante este fin de semana en Carmona y a la que acudió el ex presidente del PP-A, Javier Arenas. Sanz pidió a Díaz que aproveche la "oportunidad" que le brinda el PP-A para "dar lecciones de transparencia a los demás" y dé "cuanto antes" a su grupo en el Parlamento los 17 expedientes que "dice que ya está investigando" y por lo que, hasta el momento, le ha reclamado a UGT-A la devolución de 1,8 millones de euros aunque la cifra podría ascender hasta los 7,5, según datos de la propia Junta.

Estas peticiones, sin embargo, no anulan las ya realizadas por el PP-A, como que "se persone cuanto antes en la causa" judicial abierta contra UGT-A, "porque ya va tarde", y dé orden a PSOE-A e IULV-CA para que den luz verde en la Comisión de Economía del Parlamento a las comparecencias de los ya ex presidentes del sindicato, Manuel Pastrana y Francisco Fernández -que el viernes presentó su dimisión- y del tesorero de la organización.

Sobre el recién dimitido secretario general de UGT-A, Sanz criticó que "se haya ido como Griñán, sin dar ninguna explicación" a los andaluces ni sobre los motivos de su marcha ni sobre qué ha pasado en el seno de su sindicato con las supuestas facturas falsas y tachó de "paripé" la dimisión porque el caso "no puede quedarse ahí". "En UGT-A no se ha movido ni un sólo papel sin que el PSOE-A tuviera conocimiento de ello, porque PSOE-A y UGT-A son la misma cosa", argumentó el número dos del PP-A, que exigió explicaciones "no sólo a los que reciben el dinero" sino a quienes lo han dado, a la par que lamentó el "silencio cómplice del PSOE-A y de la Junta".

Por su parte, la portavoz socialista en el Congreso, Soraya Rodríguez, reclamó que todo euro público no usado debidamente "regrese a las arcas públicas" y las organizaciones sindicales, políticas y sociales que los reciben "respondan" ante una gestión inadecuada.

"No voy a valorar la decisión de la organización andaluza y del secretario general de UGT Andalucía, pero nuestra posición es clara: los sindicatos, como cualquier asociación que recibe fondos públicos finalistas, debe justificar hasta el último euros recibo de presupuestos públicos", aseguró.

Asimismo, el vicepresidente del Gobierno andaluz, Diego Valderas, subrayó que la dimisión de Francisco Fernández Sevilla le "honra" y permite superar cualquier escenario que pueda llevar a "malpensar o desprestigiar" a un sindicato que aún tiene mucho que decir en defensa de los trabajadores de este país. Preguntado por si el desfase de 1,8 millones entre la Junta y el sindicato superará esa cantidad, dijo que el asunto se está investigando "con decisión y firmeza", y que la Junta "llegará donde tenga que llegar".