El sindicato Manos Limpias, que ejerce la acción popular en el caso de los ERE fraudulentos, ha reclamado este jueves una fianza civil de 20 millones de euros para el ex viceconsejero de Economía y Hacienda de la Junta José Salgueiro, quien se ha acogido a su derecho a no declarar alegando que por problemas de salud no puede someterse a situaciones de estrés. La juez Mercedes Alaya le ha imputado delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos en una imputación formal en la que le ha acusado de convertir las subvenciones en “desplazamientos de fondos públicos a terceros por mera liberalidad”, es decir, de distribuir esos fondos generosamente sin esperar recompensa.

Las acusaciones que ejercen la Fiscalía Anticorrupción y la Junta no han pedido medidas cautelares para José Salgueiro, mientras que el PP se ha mostrado a favor de la decisión que adopte la juez. El abogado de Manos Limpias, José María Gómez de León, ha justificado que según la jurisprudencia del Supremo la acción popular puede solicitar medidas cautelares de responsabilidad civil y ha pedido que se imponga al ex alto cargo una fianza de 20 millones.

La juez Alaya le ha imputado formalmente sendos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos y le ha atribuido que fue “uno de los promotores del procedimiento ilegal” de concesión de las ayudas sociolaborales que se instauró en la Junta entre 2000 y 2011, un procedimiento iniciado “al margen de la ley” con la utilización de las transferencias de financiación y que pretendía “como finalidad básica eludir el control de legalidad que significaba la fiscalización previa de la Intervención General, que tantos reparos suspensivos había opuesto en expedientes pasados como el de Hijos de Andrés Molina (Hamsa)”.

El “uso ilícito” de fondos públicos se realizaría presuntamente, continúa Alaya, con “absoluta discrecionalidad” e incumpliendo los principios de imparcialidad, transparencia y no discriminación, así como los de publicidad, libre concurrencia, objetividad e igualdad. Alaya asegura que durante su etapa como viceconsejero (entre 1990 y 2004) se tramitaron siete modificaciones presupuestarias para dotar de fondos la partida de las transferencias de financiación –muchas de ellas en base a convenios particulares entre la consejería de Empleo y el IFA para transferir a Hamsa, Jerez Industrial, Santana Motor- importantes sumas de dinero que alcanzaron los 93 millones.

La instructora añade que para incluir esa partida “fraudulenta” en la ley de presupuestos “se aprovecharía la complejidad del lenguaje presupuestario, pues la clasificación económica del gasto por artículos y subconceptos sólo es accesible a expertos”. El sistema dio lugar, a juicio de la instructora, a un uso “completamente arbitrario de los fondos públicos, sin procedimiento ni control, y además desmesurado, asumiendo compromisos por encima del techo presupuestario”, lo que generó un déficit en 2003 y 2004 de 38 y 93 millones, respectivamente. Salgueiro, añade Alaya, contribuyó a “alimentar” el sistema con cinco nuevas modificaciones presupuestarias de 2002 a 2004 por importe de otros 32 millones de euros.

Salgueiro estaba citado a declarar a las 10:00, pero la juez no ha llegado a los juzgados hasta las 10:30 y la comparecencia se ha iniciado con casi una hora de retraso. El ex viceconsejero de Economía es uno de los 20 ex altos cargos que fue imputado por la juez Mercedes Alaya en el auto dictado el pasado 28 de junio, en el que también implicó en la causa a la ex consejera de Economía y ex ministra de Fomento Magdalena Álvarez. En ese auto, Alaya recogía que de acuerdo con la ley general de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía corresponde al consejero de Hacienda “velar por la ejecución del presupuesto y por los derechos económicos de la Hacienda de la Comunidad, ejerciendo las acciones económico-administrativas y cualquiera otras que la defensa de tales derechos exijan, con respeto absoluto a los principios de legalidad y eficacia”.

Para Alaya, Magdalena Álvarez, como consejera de Hacienda entre 1994 y 2004, fue la persona que “dictó las normas en las que se recogía el concepto presupuestario de las transferencias de financiación a través de la orden de 4 de junio de 2003”, aunque las mismas venían utilizándose para el pago de ayudas sociolaborales de 1999 a 2001, ejercicios en los que las transferencias no se citaban en las leyes de presupuestos como concepto de financiación, pero los créditos para pagos de las ayudas se realizaban mediante modificaciones presupuestarias.