La consejera de Hacienda, Carmen Martínez Aguayo, maneja una cifra concreta del número de millones de euros que la Junta debe ahorrar en cada una de las consejerías para contribuir a que España pueda llegar al año 2013 con un déficit del 3%. Sin embargo, esa cifra ni es pública ni es definitiva, porque todo proceso de negociación del gasto conlleva concesiones y reequilibrios, y porque, en último término, el Gobierno central va a tener la palabra definitiva. Sin embargo, lo que se da por seguro es que la Junta congelará su presupuesto durante los próximos dos años; es decir que hasta 2012 debe funcionar y prestar servicios haciendo uso de la misma cuantía, según han confirmado fuentes del Gobierno andaluz. En el mejor de los casos, habrá un crecimiento real; es decir, igual al que experimente el dato de inflación medido en términos de IPC.

El presidente andaluz, José Antonio Griñán, llegará a las elecciones autonómicas del año 2012 sin permitirse ninguna expansión, lo que le obligará a realizar un fuerte ajuste de las cuentas y a marcar, claramente, las prioridades. Que la cifra global se congele no significa que el presupuesto sea el mismo año tras año, sino todo lo contrario, serán necesarios profundos reajustes porque habrá algunos gastos que sigan creciendo. Por ejemplo, el número de perceptores de las ayudas de la Ley de Dependencia o el sueldo de los funcionarios en el caso de que el Gobierno central no sea vea obligado a decretarlo en todas las administraciones del Estado. José Antonio Griñán ha explicado en varias ocasiones, además, que su modelo de sostenibilidad presupuestaria no pasa por recortar ni de educación ni de sanidad, por lo que si estas políticas mantienen el ritmo adecuado, habrá otras que deberán menguar.

O buscar otras fórmulas. Es el caso de la inversión en obra pública. Durante décadas, el gasto en infraestructuras no ha dejado de crecer ni en Andalucía ni en la totalidad del país. El mapa de las autovías y de las líneas de alta velocidad ha mejorado sustancialmente las relaciones económicas y sociales, pero este crecer constante parece acabarse. Buena parte de las infraestructuras que la Junta ha pintado en el mapa de sus presupuestos pasa por la financiación compartida con empresas privadas, y para ello es necesario que las compañías vean el negocio y haya crédito para financiarlo. Hasta ahora no se ha firmado ningún convenio con constructoras, aunque el presidente Griñán ha adelantado esta semana que "pronto" se conocerá cómo el sector privado entra en un proyecto concreto.

El presupuesto actual de la Junta, el de 2010, está dotado de 33.737 millones de euros, cifra global que ya supuso una reducción del 0,1% respecto al ejercicio anterior. Esta disminución vino impuesta, fundamentalmente, por una caída de los ingresos, pero ahora se trata de amoldarse al plan de estabilidad y a los compromisos que España ha contraído con la Comisión Europea para reducir el déficit del 11,4% actual al 3% en 2013, lo que supondrá una reducción del gasto de 50.000 millones de euros, de los que 40.000 corresponderá a la Administración central y el resto, a las comunidades autónomas y ayuntamientos.

Para contribuir a ello, Martínez Aguayo está confeccionando un plan de austeridad que debe presentar el próximo 22 de junio en la reunión de la Comisión de Política Fiscal y Financiera. La Junta reclama al Gobierno central que el ajuste discrimine entre aquellas comunidades que han cumplido con sus obligaciones de déficit y de deuda, como Andalucía, y entre otras con desequilibrios presupuestarios mayores y endeudamientos mucho más altos. La deuda andaluza es de 1.185 euros por habitantes, un 36% menor a la media y más de la mitad del dato catalán y madrileño. El Ministerio de Economía aún no ha explicitado cómo se debe abordar el ajuste, y si esos 10.000 millones de recorte se repartirán con la sencilla fórmula de dividir la cifra por el número total de españoles y multiplicar el resultado por el de cada comunidad.