El que fuera director general de la agencia IDEA Jacinto Cañete, imputado en el escándalo de los ERE, ha defendido la legalidad e los avales y préstamos concedidos por este organismo, por lo que su defensa ha solicitado a la juez Mercedes Alaya que no abra una nueva causa, como pidió recientemente la Fiscalía Anticorrupción, para investigar unos hechos que, a su juicio, no reúnen “el reproche penal necesario para mantener viva una instrucción penal”. La defensa hace hincapié en que los poderes del Estado “no son máquinas, no son relojes suizos” y por lo tanto “miles de funcionarios de la Administración de la Junta y centenares de altos cargos” pueden equivocarse y dar lugar a “errores, incidencias, anomalías e irregularidades”.En el escrito presentado por el abogado Juan Carlos Alférez, que representa al ex director de IDEA, la defensa comienza señalando que conceder un aval o una garantía sobre un préstamo es una “operación de riesgo, no es una operación sobre tesorería o pago”, por lo que “no se compromete un crédito presupuestario ni con la formalización del aval se liberan fondos”.

De la misma forma, el ex director de IDEA considera que la concesión de un préstamo o de una garantía sobre el mismo, no puede considerarse como una subvención si éste se realiza “a condiciones de mercado, con exigencia de las garantías que exige el mercado y con el cobro de los tipos de interés y comisiones de apertura que cobra el mercado”.

La defensa recuerda que la situación económica que existía en 2008 de “restricción crediticia” por parte del sistema financiero fue el origen de que las diferentes administraciones públicas y sus agencias de desarrollo planificaran actuaciones y trataran de utilizar instrumentos como el “aval público”, con la intención de “favorecer el proceso de dinamización de la economía”.

La ley de presupuesto fijó un límite de 18 millones de euros para los avales que IDEA podía conceder en 2009 y de 175 millones para el 2010, pero el “potencial riesgo de endeudamiento no implica que el proceso de otorgamiento de estos avales conlleve, de forma simultánea, la contracción previa de un crédito presupuestario ni que el inventario de avales vivos concedidos tenga la consideración de endeudamiento público”.

La defensa concluye que las operaciones de garantías sobre préstamos concedidos por IDEA no tienen la naturaleza jurídica de subvenciones, “al ser una mera operación propia de sus finalidades de fomento de la actividad productiva regional como ente de derecho público, bajo el marco de la ley general de la Hacienda Pública Andaluza y las leyes de Presupuestos de aplicación”.Dice Juan Carlos Alférez que “no existen avales excepcionales, sino avales propios, prestados en el marco de las competencias genéricas” del IFA/IDEA, y añade que todas los avales concedidos en el período 2008-2009 “cumplen con la normativa comunitaria”.La defensa recuerda que con cargo a la orden se recibieron más de 800 solicitudes de avales, de los que se resolvieron favorablemente más de 200, y se formalizaron una decena en esos años.

El ex director general de IDEA subraya que esta línea de ayudas estuvo “tramitada por personas, no por máquinas”, y como en cualquier estructura en la que un altísimo número de personas gestionan un gran volumen presupuestario, “pueden suceder errores, ocurrir incidencias, anomalías e irregularidades”. “Los poderes del Estado no son máquinas de precisión, no son relojes suizos, están gobernados y regidos por personas”, dice la defensa, que recuerda que se equivoca el poder legislativo y las leyes “son declaradas inconstitucionales”; se revocan los autos y sentencias judiciales; y también puede “errar la Administración”.

Así, el letrado admite que “es posible que decenas de miles de funcionarios de la Administración de la Junta de Andalucía y centenares de altos cargos puedan errar, malinterpretar una norma, equivocarse en la toma de decisiones y, en definitiva, porque no decirlo, contravenir unas normas jurídicas”.La defensa del ex alto cargo recuerda que el orden contencioso-administrativo declara la nulidad de pleno derecho de “cientos y miles de actos administrativos cada año, sin que se deduzca testimonio ni se instruyan causas criminales”. Por ello, solicita que si se abre una nueva línea de investigación, “se analicen conductas presuntas verdaderamente delictivas y no meras infracciones del ordenamiento jurídico administrativo en las que no existan más elementos indiciarios para sospechar de una contravención penal”. A su juicio, los avales y préstamos de IDEA encuentran pleno “acomodo al ordenamiento jurídico que no merece el reproche penal necesario para mantener viva una instrucción penal”.