Un intruso dice que Guerrero le incluyó en un ERE a pesar de que conocía que no cumplía los requisitos

Asegura que el ex alto cargo de la Junta le dijo que su inclusión era “legal porque él era el director general de Trabajo”

José Manuel Casado Sánchez, hermano de un ex sindicalista de CCOO que también está imputado en la causa de los ERE fraudulentos, ha asegurado este viernes a la juez Mercedes Alaya que el ex director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta Francisco Guerrero le incluyó en el ERE de la empresa Asea Brown Bovery (ABB) a pesar de que conocía que no cumplía el requisito de la edad mínima para acogerse a la prejubilación.

El imputado, que llegó a recibir 283.024,51 euros, ha asegurado en su declaración en el juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla que fue el propio Guerrero, “que en ocasiones le llamaba por teléfono, pues por aquel entonces tenía una situación familiar especial, quien le dijo que podía incluirlo en el ERE”. José Manuel Casado, que ha reconocido que sabía que “no debía estará incluido en el ERE por razón de edad”, ya que le faltaban unos meses o un año para tener la edad necesaria, añadió que esto se lo hizo saber a Guerrero, pero éste le respondió que “no importaba”, que lo incluiría en la comisión de seguimiento del ERE y que eso era “legal porque él era el director general de Trabajo y además lo iba a meter en la comisión de seguimiento”.

El imputado también reconoció que le envió un correo electrónico a Guerrero pidiéndole una cantidad mayor a la que le ofrecía la empresa y le pedía que “solucionara este extremo”.

La Fiscalía Anticorrupción, la Junta de Andalucía y el sindicato Manos Limpias han pedido una fianza de responsabilidad civil de 498.000 euros para este imputado, una cantidad que surge del coste de la prima más el tercio legal correspondiente.

Ante la juez Alaya también ha declarado hoy un segundo intruso, Cristóbal Martínez Victoria, que ha devuelto ya la cantidad de 32.836,03 euros. Este imputado ha reconocido que no pidió ninguna ayuda a Guerrero, ni a nadie de su entorno, y a pesar de que era trabajador de Azucareras Reunidas de Jaén fue incluido en el ERE las empresas Cespa y FCC, percibiendo 28.601,13 euros.

El intruso aseguró que “no sabe por qué ni de qué manera le vino el certificado individual”, después de haber intervenido en una reunión de Guerrero con los trabajadores de Azucareras Reunidas, donde afirmó que como la renta de la prejubilación se calculó sobre el 90% del salario, él “estaba muy asfixiado con ese recorte dadas sus necesidades personales, ya que tenia que pagar cuatro pensiones a sus hijos, un alquiler y una hipoteca”. La Fiscalía pidió una fianza de 5.000 euros para este imputado, petición a la que se adhirió la Junta y el representante del sindicato Manos Limpias.