Con gesto grave y acompañado de los pesos pesados de su Gobierno, el presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, compareció ayer para justificar el boicot de la comunidad, junto a Cataluña, a los nuevos límites de deuda y déficit aprobados el martes en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), un plantón que protagonizó la actualidad del país y que causó estupor en las instancias europeas que estrechan la vigilancia a España.

El Gobierno andaluz lidera la disidencia de las comunidades disconformes con el techo de deuda impuesto a las comunidades para el periodo 2013-2015. Mientras el objetivo de déficit es el mismo para todos el próximo año -0,7%-, el ministerio de Hacienda de Cristóbal Montoro planteó unos criterios individualizados para el techo de deuda que beneficia a las comunidades con mayor deuda acumulada.

Griñán denunció que esa "imposición" del Gobierno impide a Andalucía endeudarse por 2.735 millones con los que contaba para sufragar el gasto público el año que viene. Esa merma, que supone sobre un 10% de su Presupuesto, sólo se paliaría con ajustes en educación, sanidad o servicios sociales. Griñán consideró "imposible" cuadrar las cuentas sin tocar estas políticas e instó al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, a revisar el techo de deuda aprobado por el CPFF, con el voto en contra de Canarias y Asturias y las mencionadas ausencias de Cataluña y Andalucía.

"Aceptar las limitaciones supondría cerrar 19 hospitales, todos los del Servicio Andaluz de Salud, la mitad de los colegios o despedir a 60.000 personas", aseguró Griñán. Andalucía cuenta con 29 centros hospitalarios (10 de ellos son áreas de gestión y los restantes hospitales de grandes núcleos urbanos),  casi 7.000 centros educativos y más de 250.000 empleados públicos. Para Griñán, no hay alternativa.

El presidente andaluz rechazó otras posibilidades ante las preguntas de los periodistas, como un ajuste en la televisión pública, Canal Sur, que este año ha recibido 122 millones de euros de subvención pública. "El Estatuto de Andalucía te condiciona a tener una televisión pública o la gratuidad de los libros de texto", afirmó.

Griñán basó su oferta electoral el pasado marzo en que no privatizaría servicios públicos y su compromiso con el empleo público. Mantuvo que con las privatizaciones no se ahorra y eludió una respuesta sobre un posible adelanto electoral si no cumple estas promesas: "Cuando llegue ese río, cruzaremos ese puente".

Por lo pronto la Junta emprenderá una batalla contra la decisión del Gobierno y convoca hoy un Consejo de Gobierno extraordinario para autorizar los recursos contra los acuerdos del CPFF, La vía del Tribunal Constitucional está abierta. Además, Griñán propuso una reunión urgente con los agentes sociales y un pleno en el Parlamento andaluz antes de la conferencia de presidentes autonómicos que se celebrará previsiblemente en septiembre.

El presidente de la Junta, que utilizó expresiones como "ataque frontal", "golpe durísimo" o "trato discriminatorio" -más ligeras que la "declaración de guerra" del líder de IU, Diego Valderas, o "golpe de Estado al modelo autonómico" del secretario general de UGT, Manuel Pastrana-, quiso desligar este capítulo del serial de confrontación de la Junta de Andalucía contra el Gobierno del PP, al que acusó de "deslealtad".

"No es una contienda, eso es una cortina de humo; se trata de un ataque generalizado contra la sanidad y la educación pública", señaló el presidente, que inició su intervención lamentando que "Andalucía no puede aceptar un trato discriminatorio. Ayer (por el martes) se produjo un ataque a Andalucía que no se puede consentir".

Griñán apeló al diálogo y aseguró que "cumplirá la ley, pero discriminar a Andalucía es la peor forma de discriminar a España".

El presidente señaló que este nuevo límite de endeudamiento obliga a tener superavit a las administraciones y "ninguna administración va a tener superávit en un momento de recesión, a no ser que se pretenda privatizar la educación y la sanidad, así como eliminar la dependencia".

Griñán insinuó que el Gobierno central prefiere endeudarse en 100.000 millones para salvar a bancos que para salvar la educación y la sanidad y descartó la posibilidad de que se convoque un referéndum.