El consejero de Educación, Luciano Alonso, no tiene ni idea de qué expedientes se ha llevado la Guardia Civil de la Dirección General de Formación por orden de la juez Mercedes Alaya. "Ya nos lo dirá la juez", aventuró. La diputada del PP-A, Teresa Ruiz Sillero, le reprochó su "desparpajo absoluto", como máximo responsable del departamento, a la hora de admitir su desconocimiento, y le conminó a dejar el cargo "de inmediato". La parlamentaria popular, sin salir de su estupor, se preguntó cómo podía haber dormido Alonso. "Yo no habría pegado ojo hasta saber qué expedientes se lleva la Guardia Civil", dijo Ruiz Sillero. 

Alonso compareció en la comisión parlamentaria de Educación, a petición del partido de la oposición, para informar sobre el proceso de los expedientes de reintegro "de cantidades indebidamente percibidas por UGT en concepto de subvenciones para la formación por el empleo". El consejero hizo un canto a la "total transparencia" del Gobierno que preside Susana Díaz que, obviamente, rechazó la parlamentaria del PP. El titular de Educación atacó desde el primer instante, haciendo recaer sobre el PP el origen de toda la trama: "confusión orquestada", "causa general", "juicio sumarísimo", "sociedad intoxicada", "inquisición", "falta de respeto", "insidias y calumnias", "gran daño a Andalucía y a su Gobierno"... Enfrente, según su tesis, un Ejecutivo que ejerce la "tolerancia cero contra la corrupción". 

El rosario de acusaciones no amilanó a Ruiz Sillero. Al contrario. "No ha contestado usted a ninguna de mis preguntas", reprochó la diputada al consejero. Lo que hizo Alonso fue insistir en que los expedientes de los que el PP requiere información siguen el proceso ordinario y advirtió a la diputada que hará publico los datos sobre reintegros cuando "el procedimiento legal esté concluido". 

Esa actitud -"informar desinformando", le acusó Ruiz Sillero- propiciará las dudas y los interrogantes de los ciudadanos, que -avisó la diputada del PP- se preguntarán si ese secretismo de la Junta no intenta ocultar que el marido de la presidenta Susana Díaz, José María Moriche, trabajó en el Instituto de Formación y Estudios Sociales (IFES), fundación creada por UGT y beneficiada con subvenciones de la Junta que son investigadas, o que la ex directora general de Formación Profesional para el Empleo, Teresa Florido, cuñada del ex consejero Ángel Ojeda, facilitó las ayudas a empresas de éste. "Si usted no aclara nada de esto es lógico que los andaluces se hagan esas preguntas", advirtió la parlamentaria popular. 

El PP insiste en que la juez Alaya ordenó que se "requisara" toda esa documentación porque "no se fía de las triquiñuelas que pueda hacer la Junta enviando expedientes incompletos", denunció la parlamentaria popular. Para desmontar ese argumento, Alonso desglosó la cronología de los hechos que culminaron con el envío de los expedientes al juzgado: el 20 de marzo, la Dirección General de Formación para el Empleo recibió una diligencia en la que se le requería un informe de gestión y justificación de las ayudas concedidas a los diferentes agentes sociales y un desplegable de las subvenciones a la formación para el empleo durante el período 2004-2011. El 7 de abril se remitió a los servicios jurídicos de la Junta el desplegable, los protocolos informáticos y la aclaración del concepto agentes sociales. El 16 de mayo se notificó a la Dirección General de Formación la aclaración sobre agentes sociales y el mandamiento de dos empresas. El 20 de mayo la Guardia Civil recogió las aplicaciones informáticas. Y el pasado miércoles se presentó en la Dirección General para recoger toda la documentación. "Fíjese si colaboramos con la Justicia -dijo Alonso a la diputada del PP-, que hasta facilitamos el vehículo para el transporte" de todo ese material. 

Alonso también detalló el estado del trámite administrativo en el que se encuentran los expedientes de UGT. Respecto a la línea de formación continua, en tramitación en servicios centrales hay 13 expedientes, de los que siete están fiscalizados y pagados; ya cerrados. Otros tres que desde finales de 2013 se están ejecutando y que corresponden a 2011 y, por último otros tres están en estudio, es decir, los técnicos están valorando su justificación antes de pasarla a la Intervención. En la línea de formación de desempleados hay 17 expedientes "abiertos" en tramitación, de los que uno está finalizado y cerrado, tres están en verificación de fondos europeos para su abono. Y otros tres han solicitado prórroga para su justificación. Otros siete expedientes están en estudio que ya se les ha requerido la documentación y se han presentado alegaciones. Los técnicos estudian si la documentación aportada es suficiente. Si no es así se iniciará el expediente de inicio de reintegro "con carácter inmediato".

IU "respeta" el procedimiento de la juez

El coordinador general de Izquierda Unida en Andalucía, Antonio Maíllo, insistió ayer en que hay que conocer "la verdad" de lo sucedido en torno a las ayudas a la formación en Andalucía, y al mismo tiempo que mostró su respeto al procedimiento judicial, "que está separado del político". Maíllo se pronunció de esta manera después de que la Guardia Civil se personara en la sede de la Dirección General de Formación para recabar una serie de expedientes de ayudas a la formación. El dirigente de izquierdas insistió en que su formación "siempre dice lo mismo" en relación al respeto que hay que tener a los procedimientos judiciales. "Desde el punto de vista político sí decimos que se tienen que conocer todas las anomalías que hayan en cualquier actuación vinculada al uso de los recursos públicos", subrayó Maíllo. En este contexto, Maíllo recalcó en la necesidad de conocer "la verdad" sobre lo sucedido con las ayudas a la formación concedidas por parte del Gobierno andaluz y hacerlo "con todas las prevenciones del procedimiento jurídico y en la dimensión justa de lo que haya ocurrido". Por su parte, el vicepresidente del Ejecutivo autonómico, Diego Valderas, eludió valorar la última decisión de la juez, ya que lo que tiene que hacer el Gobierno es "dedicarse a la acción de gobierno y a pensar en los andaluces". Valderas, que se esmeró en no entrar a valorar "en absoluto" las decisiones de la magistrada que investiga la trama de los ERE y de las ayudas para la formación para el empleo, repitió su discurso de ocasiones anteriores: "La justicia a lo suyo, el Parlamento a legislar y el Gobierno a hacer la acción de gobierno y a pensar en los andaluces", zanjó el también consejero de Administración Local y Relaciones Institucionales.