Por segunda semana consecutiva, las protestas de los agricultores, movilizados en convocatorias digitales por plataformas de reciente aparición y no por las organizaciones agrarias, que se sumaron después, bloquean el libre tránsito de personas y mercancías en distintos puntos de la geografía nacional y andaluza. Reclaman cambios inmediatos en la Política Agraria Común (PAC) y en la Ley de Cadena Alimentaria para poder competir en igualdad de condiciones con los productos importados de terceros países que, dicen, no cumplen con los exigentes requisitos –fitosanitarios y burocráticos– que sí cumplimentan en España. Las acciones de protesta carecen de autorizaciones administrativas, lo que provoca incidentes cuando las Fuerzas de Seguridad del Estado tratan de disolverlas por no ajustarse a la legalidad y provocar problemas de seguridad vial graves, como ayer en Carmona, y pérdidas a millones de particulares y empresas. Por justas o justificadas que sean las razones para protestar, la legítima movilización debe hacerse cumpliendo la legalidad, en puntos comunicados previamente y con la preceptiva autorización de la Delegación del Gobierno. En los últimos días de la semana pasada, las protestas se enfocaron hacia centros logísticos de cadenas de distribución, con el doble objetivo de señalar a ese sector en su lucha por cobrar precios justos por sus productos y de provocar signos de desabastecimiento que pongan de manifiesto la importancia del sector primario para surtir a la población de alimentos. El Gobierno, contra el que parcialmente se dirigen las protestas y que tiene la obligación de asegurar el libre tránsito de personas y mercancías, lleva meses sin escuchar las críticas que los cambios en la PAC han generado en el sector. Es hora por tanto del diálogo, para lograr, primero, que se respeten las libertades individuales y de empresa y, segundo, para ofrecer soluciones que permitan a los productores agrarios y ganaderos vislumbrar un futuro en el que su trabajo comience a producir una rentabilidad razonable.