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Supeditados a la amnistía

Los socios independentistas enfatizan que no habrá Presupuestos sin borrar los delitos cometidos en el ‘procés’ y Bruselas examinará si hacerlo es legal

La concesión de una amnistía para todos los delitos cometidos en el proceso para intentar la independencia de Cataluña es la piedra angular de la XV Legislatura. No sólo porque fue la condición sine qua non para que apoyasen la investidura los partidos independentistas, y sobre todo Junts, liderado por un ex presidente catalán huido de la acción de la Justicia, Carles Puigdemont, sino porque está condicionando cada decisión sobre la gobernanza que necesite de la validación por las Cortes Generales. La ley de amnistía volverá a verse la próxima semana en la Comisión de Justicia del Congreso y el Gobierno intentará pactar con Junts que rectifique su voto negativo (la norma fue rechazada por mayoría absoluta al primer intento de aprobación) sin comprometer una redacción que ya tiene complicado su encaje constitucional de por sí con el borrado de delitos de terrorismo o traición. Por si cabía alguna duda de que la amnistía lo supedita todo, incluso el socio independentista catalán más alienado con el PSOE en su tramitación, ERC, ha enfatizado la importancia capital de su aprobación. Oriol Junqueras, líder de los republicanos, acaba de recordar que sin amnistía será muy difícil que haya Presupuestos Generales del Estado, la ley clave para dar estabilidad a la legislatura. Al mismo tiempo, otra voz desde ERC, la de Carles Campuzano, un posconvergente, apuntaba a no tocar el texto ya rechazado en primera instancia y usar la figura del indulto a quien no le alcance la impunidad con esta amnistía, lo que exige antes ser juzgado, condenado y pedir la medida de gracia cumpliendo los requisitos que marca la ley. Una apelación directa a Puigdemont, que insiste en que la amnistía sea integral e inmediata. Mientras se dirime si la norma va al Senado o no, la Comisión Europea reiteró su enorme preocupación por la ley de amnistía y volvió a advertir de que, si se aprueba, velará por que su articulado no viole el Derecho de la UE, incluso antes de que se pronuncie el Tribunal Constitucional español. Una muestra más del error que supone.

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