El Partido Popular ha decidido emprender una ofensiva parlamentaria contra el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, a raíz del presunto asesinato de dos guardias civiles en la localidad gaditana de Barbate. Los agentes fueron arrollados por los tripulantes de una narcolancha de más de 14 metros de eslora cuando los funcionarios viajaban en una zódiac que se utiliza para actividades subacuáticas, de apenas 5 metros. Los populares exigirán las comparencias, además del titular de Interior, del director general de la Guardia Civil y la subdelegada del Gobierno en Cádiz. Asimismo, demandan documentación y respuestas para una batería de preguntas presentadas en las dos Cámaras. Cuestionan el dispositivo de la fatídica noche, interrogan por la desaparición de la unidad de élite de lucha contra los traficantes en la zona, OCON-SUR, y piden aclaración a si la decisión pudo formar parte de posibles concesiones a Marruecos a cambio de su mayor implicación en el problema de la inmigración irregular. La decisión del PP es oportuna y necesaria. Estamos ante un hecho de gravísimas consecuencias con responsabilidades políticas u operativas inexcusables. O ambas. El ministro del Interior no ha estado a la altura en el desempeño de esta trascendental cartera. Seguimos sin conocer por qué se envió a esa lucha desigual a los agentes. Por qué el instituto armado carecía en ese momento de medios adecuados para oponerse a los delincuentes. Es más, con el transcurso de los días, la evidencia es que no se trató de un problema puntual sino de un escenario crónico. Las patrulleras del Servicio Marítimo de la Guardia Civil continúan amarradas en su bases, inoperativas. Tampoco en su día se aclararon de forma convincente las razones por las que, en realidad, se disolvió OCON-SUR. Las medallas en los féretros de las víctimas o la oportunista promesa de refuerzos no pueden servir para camuflar esta realidad.