Aunque finalmente logre sacar adelante la controvertida ley de amnistía –lo que en estos momentos no está plenamente garantizado– Pedro Sánchez habrá hecho pagar al conjunto de los españoles un precio muy alto con tal de mantenerse en el poder. El presidente ha creado una situación de tensión entre los diferentes poderes del Estado que compromete la fortaleza del sistema constitucional. El Poder Judicial, a través del Consejo General que lo gobierna, del Tribunal Supremo como órgano colegiado, de algunos jueces de instrucción y ahora de la Fiscalía, se ha convertido en una especie de dique para detener la deriva de impunidad que la ley consagra. Sánchez está forzando los límites de la Constitución hasta extremos que no se habían visto en democracia. Pero ello no ha sido suficiente para calmar las ansias de sus socios independentistas catalanes que exigen un olvido completo para todos los delitos cometidos en torno al intento secesionista de 2017 y a los graves incidentes que se produjeron una vez conocida la sentencia en 2019, incluidos los que tienen que ver con terrorismo e incluso los de traición por la presencia de una trama de apoyo de la Rusia de Putin. El último episodio del largo conflicto que enfrenta al Gobierno con el Poder Judicial tiene como escenario la Fiscalía. La junta de fiscales de lo Penal del Tribunal Supremo decidió por amplia mayoría que existen indicios suficientes para procesar a Carles Puigdemont por terrorismo. Ese criterio puede ser ahora modificado por la Fiscalía General del Estado, decisión que estaría motivada por las presiones ejercidas por el Gobierno. Sánchez ha ido demasiado lejos y no parece dispuesto a parar. Su objetivo es garantizarse la legislatura y para ello necesita el complejo entramado de apoyos que ha tejido en el Parlamento. A la vista de los hechos, considera que el enfrentamiento con los jueces y la crispación política que ha creado es un coste asumible. Aunque para ello haya metido al Estado en un peligroso caos institucional.