En medio de una bronca descomunal, como viene siendo habitual, Pedro Sánchez logró aprobar el pasado jueves el traje que ha hecho a medida de los malversadores de la intentona separatista catalana de 2017 para que se vayan de rositas y, si acaso, lo vuelvan a intentar. En el PSOE, también en el andaluz, todas las voces que se dejan oír, que no son muchas, dan por garantizado que ese traje tan cuidadosamente confeccionado no se lo podrá poner el expresidente de la Junta José Antonio Griñán y el resto de los condenados por el caso de los ERE. La razón, que nadie acierta muy bien a explicar con precisión, sería que en el caso andaluz entra de lleno en el capítulo de la corrupción política y el catalán sería sólo un desvío de partidas presupuestarias para fines que no estaban contemplados en la ley correspondiente. Explicación un tanto forzada si se tiene en cuenta que la piedra angular de lo que cambia en el Código Penal con respecto a la malversación es si en esta ha habido lucro personal o no. Y de los ERE se podrán decir muchas cosas, excepto que los que entonces tenían responsabilidades en el Gobierno de la Junta idearon una operación para sacar dinero público y llevárselo a su casa o a su partido político.

No vamos a cuestionar aquí el contenido de la sentencia del Tribunal Supremo, alguna de las conclusiones a las que llega o el cuestionamiento que de las mismas hacen dos de los cinco magistrados que componían la Sala. No es ya tiempo de eso. Pero sí de subrayar la distinta vara de medir que se pretende aplicar en función de estrategias políticas. La exculpación de los promotores del procés es una exigencia de sus socios parlamentarios que Pedro Sánchez no duda en cumplir para asegurar que su último año en la Moncloa no va a tener problemas por ese flanco. La entrada en la cárcel de Griñán no sólo le sale gratis, con independencia de lo que pase luego con el indulto, sino que le puede reportar algún rédito electoral si el presidente lo vende como símbolo de su inflexibilidad ante comportamientos corruptos, aunque sea en su propio partido.

El problema vendrá a la hora de aplicar la nueva norma aprobada por el Congreso, que establece una rebaja del marco penal que necesariamente tendrá que suponer la revisión de las condenas. Si queda acreditado que por parte de Griñán, y de otros ex altos cargos también condenados, no se produjo enriquecimiento personal será muy difícil mantener las penas tal y como las estableció el Supremo.

Sería así si se estuvieran barajando consideraciones sólo jurídicas. Pero por lo que parece, a partir de ahora va a haber malversadores buenos y malos, aunque ninguno se haya llevado el dinero a su caja fuerte.