LOS parientes pobres de la democracia española, los ayuntamientos, se han cansado de serlo y exigen al Gobierno una negociación en toda regla sobre la financiación municipal, paralela a la autonómica. Es una postura que no entiende de banderías políticas: los alcaldes de todos los partidos políticos están de acuerdo.

No es para menos. La Administración Central ha cedido poder, competencias y medios a las autonomías, pero éstas han sido avaras, como acusa el presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias, el socialista Pedro Castro. Avaras y cínicas, cabría precisar, porque, al no imponer tributos propios, aparecen ante los ciudadanos como instituciones benéficas e inversoras, mientras que Gobierno y Ayuntamientos cargan con la desagradable tarea de cobrar los impuestos gracias a los cuales invierten y gastan sin cesar.

Paralelamente, los Ayuntamientos han de responder a las crecientes exigencias de la ciudadanía en materia de prestación de servicios. Sobre sus arcas menguadas recaen políticas de infancia y juventud, vivienda y deportes. Ellos soportan el mantenimiento de los colegios públicos y a ellos se les demanda que ayuden a poner en práctica las leyes de Igualdad y Dependencia, por ejemplo. El tópico de que son las administraciones más próximas a los ciudadanos sólo les vale para serlos destinatarios directos de sus quejas y frustraciones, no para que se les dote de los medios imprescindibles para darles respuesta.

Sus reivindicaciones son antiguas. Tan antiguas como la mentada avaricia de las comunidades autónomas y la indiferencia de los gobiernos sucesivos, que remiten a los alcaldes a que las negocien con sus respectivos gobiernos autonómicos. Pero es un problema de todos y entre todos ha de resolverse. Se trataría de pactar qué ha de hacer cada administración -las tres son Estado- y con qué instrumentos. Es un problema más profundo que el de la financiación de las autonomías, pero a la vez más fácil de solucionar si hay voluntad de solucionarlo, sin interferencias nacionalistas, ni diferencias entre regiones ricas y pobres ni intereses partidistas.

La asfixia de las finanzas locales, que se arrastra desde la transición, ya que no se ha cambiado aquel modelo, está tocando fondo en los últimos tiempos. La crisis de la construcción y la caída de la actividad económica general hacen que los ingresos municipales hayan mermado considerablemente. Ya hay dificultades para pagar las nóminas e imposibilidad legal para endeudarse más. Cierto que muchos ayuntamientos han derrochado el dinero y engordado sus plantillas durante la época de bonanza. Pero el fondo de sus exigencias es razonable. Así no se puede seguir.