En sanidad, las listas de espera y los tiempos de repuesta son los aspectos que siempre generan preocupación en la ciudadanía y, también, entre gestores y políticos sanitarios. El próximo Gobierno de España que surgirá de la investidura aprobada por el Congreso de los Diputados el pasado jueves apuesta por abordar el problema de las listas de espera. En concreto, el acuerdo entre PSOE y Sumar propone establecer por ley unos tiempos máximos de espera en el Sistema Nacional de Salud: 120 días para intervenciones quirúrgicas, 60 días para consultas externas especializadas y 30 días para pruebas complementarias, con independencia del lugar de residencia. En el caso de la salud mental, la garantía de tiempo máximo de espera será de un máximo de 15 días para jóvenes, adolescentes y menores de 21 años.

Y, además, se plantea poner en marcha un plan para disminuir drásticamente las listas actuales con aquellas Comunidades que lo deseen. Es un objetivo ambicioso que, por el bien de la ciudadanía, debería poder conseguirse, a pesar de que es un objetivo no exento de una enorme complejidad.

A mí me parece de gran importancia que se inicie un proceso de esta naturaleza para conseguir mejorar este aspecto del funcionamiento de la sanidad pública que, en la actualidad, es un serio problema que afecta a cientos de miles de pacientes condicionado su calidad de vida. Abordar estas iniciativas que se anuncian nos ofrece la oportunidad de abrir un debate social, sanitario y político que debería desarrollarse de manera honesta, seria y serena. Quiere esto decir que hay que conseguir de una vez por todas una transparencia total y absoluta para ofrecer garantías que eviten manipular o esconder los datos y las cifras reales.

También se abre la oportunidad de fijar los requisitos de colaboración del sector privado para que, cuando sea necesario, coopere en el objetivo de conseguir hacer real los tiempos máximos que se determinen por ley. Esta colaboración debiera establecerse con las lógicas garantías de calidad y también aquellas que eviten los eventuales conflictos de interés que pudieran darse en los profesionales que compatibilicen actividad pública y privada. Ello haría necesario acreditar los servicios privados y sus profesionales para que cumplan los requisitos de ese tipo, cara a colaborar con el sector público.

Por supuesto que, también, hay que señalar que para hacer posible el cumplimiento de estos objetivos, será necesario disponer de más recursos económicos e, incluso, hacer una reorganización de los servicios o abrir opciones a los ciudadanos para elegir otro servicio público (incluso en otra Comunidad Autónoma) o privado acreditado, cuando se superen las garantías que se establezcan por ley.

Cómo podemos apreciar, estamos ante un asunto importante que requiere rigor en el análisis y en las soluciones. Todo un desafío que deberíamos saber superar.