La actual crisis en la gestión de la demanda asistencial en Atención Primaria en lo que se refiere a la demora en la respuesta a la demanda de asistencia, con tiempos de respuesta mayores a las 48 horas de manera generalizada, amenaza con convertirse en una situación habitual que puede cronificarse si no se buscan y adoptan soluciones eficaces.

Es evidente que son varios los factores que condicionan esta situación de demoras excesivas en la demanda asistencial y que se están intentando adoptar respuestas (con mayor o menor efectividad), de las cuales conviene extraer enseñanzas a fin de promover la difusión de las mejores prácticas evaluando sus resultados. También hay una gestión deficiente por parte de las instituciones y sus responsables, que condiciona claramente la actual situación que es muy preocupante.

En esta tribuna me quiero centrar en la necesidad de proceder a realizar reformas en las competencias profesionales del conjunto de profesiones que suelen intervenir en la actividad asistencial. La propuesta es reflexionar sobre la necesidad de incorporar nuevas respuestas organizativas y competenciales a la actual demanda asistencial, que tiene un enorme condicionante en la creciente situación de envejecimiento poblacional y de cronicidad que se vive en nuestras consultas y centros de salud. La creciente demanda que afecta a procesos asistenciales crónicos en los que la revisión de constantes, la consecuente indicación de hábitos de vida adecuados como alimentación, actividad física, rehabilitación, gestión de cuidados o gestión de la medicación (muchas veces, polimedicacion), requiere sin duda más profesionales en Atención Primaria pero, sobre todo, requiere nuevas competencias profesionales.

Especialmente importante es la ampliación de competencias asistenciales y la adopción de nuevos roles profesionales para Enfermería y para los profesionales farmacéuticos. Muchos de los problemas para los que los pacientes reclaman asistencia en consulta pueden ser resueltos con una actuación profesional autónoma de estas dos importantes profesiones sanitarias. Y es imprescindible remangarse y (valorando experiencias e iniciativas en marcha como acciones piloto), valorar el reconocimiento legal de esas nuevas competencias para organizar la asistencia de forma renovada.

Una vez ampliadas dichas competencias con la necesaria seguridad jurídica para estas profesiones, tocaría reorganizar la respuesta asistencial reforzando la capacidad de trabajo en equipo y asegurando una actividad protocolizada que permita el avance en las garantías de calidad y la evaluación de resultados.

Esto requiere una iniciativa institucional por parte de los responsables públicos que tienen que liderar las mejoras necesarias y, por supuesto, requiere la implicación decidida de las organizaciones profesionales representativas de las profesiones enfermera y farmacéutica en un espíritu colaborativo y comprometido con la sociedad en general y los pacientes en particular.

Renunciar a que las decenas de miles de profesionales sanitarios de los que disponemos en nuestra red puedan trabajar de otra manera, nos haría perder la oportunidad de mejorar la actual situación que tenderá a empeorar como consecuencia del crecimiento imparable del envejecimiento y la cronicidad. Así que conviene ponerse manos a la obra.