Esta semana el titular del Juzgado número 2  de los de El Puerto ha iniciado las diligencias previas tras la investigación llevada a cabo por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional en El Puerto de Santa María, por la que fueron detenidos el que fuera jefe provisional de la Policía Local en la ciudad, Rafael Muñoz Leonisio -ya jubilado- y al técnico del área municipal de Infraestructuras José Manuel Camacho.

Este miércoles estaban citados a declarar en la sede judicial el denunciante (una persona afectada por la adjudicación presuntamente ilegal de aparcamientos que se investiga); otra persona relacionada con las asociaciones a las que se adjudicaban estos aparcamientos, en calidad de investigado; y tres testigos; mientras que  para este jueves están citados  el que fuera jefe de la Policía Local de El Puerto, Carlos Rodríguez  Baturone -que fue destituido por el alcalde, Germán Beardo, en junio de 2023);  la ex edil de Policía Local, Marina Peris; un inspector de la Policía Local portuense y los concejales de Bienestar Social, Carmen Lara, y Policía Local, Jesús Garay, todos ellos en calidad de testigos.

El Juzgado ha ordenado abrir piezas separadas para el trámite de cada uno de los hechos a investigar. Así, las piezas se dividen en una primera de intervenciones telefónicas, otra sobre la incautación de los ordenadores y móviles de los dos principales investigados; una tercera sobre el cobro de presuntas comisiones por la adjudicación de parkings; una cuarta sobre la adjudicación del trenecito a Puerto Sherry; la quinta sobre la retirada de multas y la sexta sobre el uso presuntamente irregular de la grúa municipal.

Fue el pasado 16 de enero cuando la ciudad se vio sorprendida por la noticia de que la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, en una investigación coordinada por la Fiscalía Anticorrupción, había detenido al que fuera jefe de la Policía Local en la ciudad, Rafael Muñoz Leonisio, y al funcionario municipal José Manuel Camacho, técnico del área de Infraestructuras. Al primero de ellos se le acusa de presuntos delitos de extorsión, cohecho, malversación de caudales públicos para uso propio y tráfico de influencias, mientras que el técnico municipal está siendo investigado como cooperador necesario de delitos de cohecho y negociaciones prohibidas a funcionarios.

Los partidos de la oposición municipal solicitaron la apertura de una comisión municipal de investigación en torno a estos hechos, comisión que no saldrá adelante  por decisión municipal. Los grupos municipales consideran que con esta decisión el alcalde, Germán Beardo, trata de proteger a los dos investigados, personas muy cercanas al Partido Popular portuense.