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El descenso de la natalidad se salda con 1.330 alumnos menos en la provincia

  • 275.550 estudiantes de enseñanzas no universitarias iniciarán el curso durante la próxima semana l Aumenta en 418 el número de profesores y la ratio se coloca en torno a 15 escolares

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El descenso de la natalidad dejará en los colegios de la provincia de Cádiz 1.330 alumnos menos que el año pasado para el inminente curso 2017-2018, principalmente en Educación Infantil de 3 años. Este fue uno de los datos ofrecidos ayer por el delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Cádiz, Juan Luis Belizón, y la delegada territorial de Educación, Remedios Palma. Por contra, crece el número de profesores en 418, lo que propiciará "una ratio mejorada", en torno a los 15 alumnos de media por cada docente en el sistema público. 275.550 alumnos de todas las etapas educativas no universitarias están llamados a comenzar el curso escolar desde el próximo lunes 11 de septiembre en la provincia de Cádiz, iniciándose el curso el viernes 15 en Secundaria, Bachillerato, Formación Profesional, educación permanente, idiomas y conservatorios de música y danza. El número de alumnos se repartirá entre 847 centros, 590 del sistema público en los que trabajarán 14.410 docentes. Belizón anunció que habrá 30 unidades más en Infantil y Primaria. "Lo digo por aquellos que dicen lo contrario", matizó. El delegado del Gobierno andaluz quiso añadir que "como siempre desde la Junta se planifican los recursos con total responsabilidad y tranquilidad para que existan los mínimos problemas en las aulas y nuestra enseñanza tenga cada vez más calidad".

La inversión en infraestructuras educativas de la provincia alcanza este curso los 24 millones. Belizón aclaró, adelantándose a las críticas por la presencia de obras en algunos centros con el curso empezado, que los trabajos forman parte de una planificación continuada y no responden a cursos completos. "El verano tiene dos meses de inactividad escolar, y hay obras que duran más de dos meses y no podemos parar las obras ahora. En algunos casos habrá simultaneidad de reparaciones con la asistencia del alumnado, situaciones que se resuelven perfectamente con el planning de obras de las empresas adjudicatarias y las direcciones de los centros". Remedios Palma destacó que bien en previsión o en ejecución hay 78 actuaciones de mejoras en infraestructuras. Entre las acciones destaca la retirada de amianto y aulas prefabricadas, así como nuevas construcciones.

La delegada territorial desgranó otras novedades. En cuanto a las nuevas tecnologías, 455 centros se beneficiarán con la dotación de conectividad de banda ancha ultrarrápida y la implantación de una red inalámbrica en los espacios docentes. Palma destacó asimismo la reposición de equipamientos en 150 centros por un valor de 430.000 de euros y que ha renovado, principalmente, mobiliario y material. "Las familias gaditanas seguirán beneficiándose de los programas con los que la Junta contribuye

significativamente a garantizar una escolarización igualitaria y sin distinciones", indicó Palma, que explicó que de esta manera, 313 centros de la provincia cuentan con el plan de apertura, ofreciendo todos o algunos de los servicios de comedor, aula matinal, extraescolares o transporte. La provincia cuenta con casi 24.000 usuarios de comedor con una estimación de bonificaciones que ronda el 75 por ciento, por lo que tres de cada cuatro niños tiene algún tipo de bonificación. Asisten al servicio de aula matinal más de 12.000 usuarios y 10.800 están inscritos en algunas de las actividades extraescolares que ofrecen los propios centros educativos. En cuanto al transporte, son 13.500 escolares los que usen este es servicio, con una inversión anual de ocho millones de euros. Además, Palma recordó el incremento del número de líneas bilingües en los centros, y por tanto el aumento del alumnado beneficiado. Concretamente para el próximo curso se alcanzan los 146 centros bilingües en la provincia. Igualmente señaló la creación de cinco nuevas Aulas Específicas para la atención del alumnado con Necesidades Educativas Especiales, alcanzándose las 95 equipaciones educativas de estas características.

Agradeció además Belizón la labor que van ejercer los docentes en los próximos diez meses. "Tengan ustedes en cuenta que en el último balance solicitado por la Consejería a las familias la calificación otorgada por estas a los profesores superaba el 8,5", concluyó.

Belizón dice que desde octubre se planteará la 'nueva' Institución

Belizón se refirió a la Institución Provincial Gaditana, colegio público al que la Delegación de Educación ha cerrado dos líneas de 3 años de Infantil ante la escasa demanda agrupando en una clase a niños de 3, 4 y 5 años. El delegado manifestó que a partir de octubre la Junta reunirá a todos los delegados territoriales de Educación para planificar el futuro en cuanto a necesidades educativas. "En estas reuniones plantearemos la propuesta correspondiente para actuar en la zona de la IPG", señaló. Belizón apuntó que "el problema de la IPG es que tenemos que estudiar desde el punto de vista de la escolarización la necesidad de matriculación de aquella zona. Es cierto que el centro es antiguo, que no tiene atractivos para las familias y que está rodeado de centros concertados, y eso pude ser el motivo de la desviación de alumnos hacia esos centros concertados. Por eso se busca la solución de un propio centro. Hay trabas administrativas porque los terrenos en los que se enclava el colegio no son municipales, pertenecen a la Fundación Aramburu. Tendrían que cederlos para que la Junta pudiese construir un centro. Por eso el alcalde propuso ceder los terrenos aledaños donde se iba a construir la Ciudad de la Justicia".

El recurso por San Vicente de Paúl

Sobre la decisión del TSJA de conceder al colegio San Vicente de Paúl la medida cautelar para suspender la decisión de la Junta de eliminar en este centro una de las dos líneas de Infantil de 3 años, Remedios Palma dijo que "las cautelares no precisan recurso, auque tal vez con la nueva ley en la mano hubiera cabido un recurso de casación, pero nos hubiera condenado en costas y hay que ser cautos con el dinero público. Lo que vamos a ir es contra la sentencia, recurriendo en global todo el proceso". Según la delegada territorial "iremos a defender los intereses en los que se ha basado la planificación porquen nos hemos basado en datos reales de escolarización". Por su parte, Belizón recordó que la Dirección General de Planificación y Centros "tiene la obligación de volver a colocar en San Vicente de Paúl a esos niños que habíamos escolarizado en segunda opción en otros centros. Esa unidad se quedará fija si nuestro recurso no prospera. Pero el colegio deberá pagar una fianza para devolver a la administración el dinero del concierto si nos dieran la razón".

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