Obsoleta y vetusta

CUANDO se decidió proceder al cambio de sede del Juzgado de Menores de la antigua cárcel real a su actual ubicación en la calle San Francisco, empezaron los problemas de imagen con dicha sede por parte de los comerciantes de la zona, bien es verdad que la reforma de la Ley del Menor que entró en vigor en el año 2000 supuso un claro cambio de concepto y de filosofía de lo que hasta ese momento venía siendo la Justicia penal de menores en nuestro país, pues con la nueva Ley de introducía un verdadero litigio, con dualidad de partes y se reconocía para los menores el derecho a un proceso con todas las garantías en virtud de las sentencias del Tribunal Constitucional del año 1992 y ello por cuanto en esas fechas y a pesar de la democracia seguía rigiendo en España la Ley de Tribunales Tutelares de Menores de 1948, y en este sentido resultaba cómodo para los actores del proceso y profesionales intervinientes que tanto Fiscalía, como Juzgados y equipos técnicos se concentraran todos en un mismo edificio, pero el problema radica en que hoy por hoy la sede de San Francisco se ha quedado obsoleta y vetusta para atender las necesidades de dicho Juzgado, y mientras se construye la Ciudad de la Justicia, proyecto totalmente inacabado por parte de las administraciones implicadas que no acaban de dar un impulso decisivo al mismo, creo sinceramente que la sede ideal para la existencia de un Juzgado de Menores en nuestra capital no es otra que la Audiencia Provincial, máxime si se tiene en cuenta que existen rumores de que por el volumen de trabajo soportado solicitan la creación de un segundo Juzgado de Menores para Cádiz.

Entre las razones de peso, que creo se deben de destacar para promulgar el traslado de menores a la sede de la Audiencia Provincial, y dejar la sede de San Francisco para el Juzgado de lo Mercantil debemos citar las siguientes:

1.- De índole presupuestaria. Por cuanto la Junta de Andalucía no tendría que hacer un fuerte desembolso económico con el abono de nuevos arrendamientos para sedes judiciales, al contrario estaríamos hablando de una mejor redistribución de recursos.

2.- Imagen Pública. Es de todos conocido el rechazo de los comerciantes y viandantes a la situación de las actuales instalaciones de San Francisco, por cuanto que es una de las calles más comerciales de la ciudad donde se agolpan los menores en espera de juicio o de citaciones, se cruzan coches policiales y furgones, y se observa el desagradable trasiego de ver menores esposados y detenidos. Esta situación cambiaría con el traslado del Mercantil a esta zona comercial rodeada de bancos, y notarías que estarían al lado del meritado Juzgado, que principalmente atiende situaciones de crisis o insolvencias de empresas y particulares.

3.- El Juzgado de lo Mercantil, que necesita menores recursos humanos, por cuanto no son necesarios ni Fiscalías ni Equipos Técnicos dispondría de un edificio íntegro para su uso. Con un bajo y dos plantas perfectamente utilizables.

En cuanto al traslado del actual Juzgado de Menores a la Audiencia Provincial de Cádiz, supondría:

1.-Evitar las dificultades de los cuerpos policiales de acceder con los furgones y otros vehículos hasta el centro de la ciudad, pudiendo aprovechar la avenida Juan Carlos I y Carretera Industrial para poder acceder a la parte trasera de la Audiencia Provincial e introducir a los menores directamente en el edificio judicial, con posibilidad de aparcamiento especial para estos vehículos y cumpliendo así las premisas legales dictadas para proteger la intimidad de los menores infractores.

2.-La existencia de calabozos suficientes y amplios en donde estos menores podrían entrevistarse con sus letrados en mejores condiciones que las que actualmente se observa en el único calabozo existente en las dependencias de San Francisco.

3.-La existencia en la Audiencia de Sala de Togas para los letrados y posibilidad de disponer de un sitio reservado para entrevistarse tanto con los menores como con sus familiares, bien se ejerza la defensa o la acusación particular.

4.- La existencia en el mismo edificio de la Audiencia del Sava, que auxiliaría a los menores víctimas, y evitaría contactos incluso visuales entre víctima e infractor.

5.- Posibilidad de sistema de vídeoconferencias para evitar el traslado de menores infractores desde centros alejados de la capital como Tierra de Oria en Almería o Lagunillas en Jaén, con la posibilidad de celebrar los juicios pertinentes.

6.- La existencia de la sede central de la Fiscalía lo que posibilitaría en caso necesario la consulta de los abogados fiscales con sus superiores.

7.- La existencia de sitio para poder trabajar los equipos técnicos, así como la existencia de cinco salas de juicio amplias para poder celebrar vistas.