COMO "chantaje intolerable" ha calificado el alcalde de Cádiz que el Ministerio de Hacienda le inste a cumplir una ley (sí, una ley) y que el ministerio esté dispuesto, incluso, a hacerla cumplir. Ante la posibilidad de que intervengan las cuentas del Ayuntamiento, ha manifestado su "contundente rechazo", ea, solemnemente rodeado por su equipo de gobierno y respaldado por don Fermín Salvochea (al óleo). David Navarro y Martín Villa también han repetido mucho la palabra "chantaje".

José María González entiende que es una afrenta a Cádiz y a todos los gaditanos y a todas las gaditanas. Al menos excluirá de tanta afrenta, supongo, a los proveedores gaditanos y a las proveedoras gaditanas a los que no se paga como manda la ley, y que estarán deseando (necesitando) cobrar.

El alcalde y su equipo en pleno consideran que hay un agravio comparativo con el anterior gobierno de la ciudad, que gastaba más y que tampoco pagaba a tiempo, pero al que no se le avisó nunca de la posibilidad de ninguna intervención. Tal vez porque tuviese otro plan de tesorería y una gestión, pero, en cualquier caso, ése sí es un argumento potable, jurídico y político. De hecho, cada vez que un gobierno no hace cumplir estrictamente la ley (aquí o allá) está dando pie a pataleos como éste. Ahora bien, calificar de "chantaje" la aplicación de una norma implica una confusión intelectual de primera magnitud.

Cumplir la ley no puede ser chantaje; y si no es ley, no podrá aplicarse; y si la ley determina la intervención, no hacerla sería prevaricar. De haber, pues, algún chantaje sería más bien al revés, si atendemos al tono con el que se afea el propósito de aplicar una norma jurídica vigente: "La actitud del Ministerio de Hacienda, con el señor Cristóbal Montoro a la cabeza, es una actitud completamente destructiva y que, en lugar de ofrecer soluciones, pone más palos en la rueda".

Esta retórica de revolución cubana o de nacionalismo catalán (del tenor de "exigen que toda una ciudad se ponga de rodillas", "el PP está intentando tomar a los gaditanos como rehenes", "empujan a este Ayuntamiento hacia el abismo", "convierten la deuda en una soga", etc.) está de más. Por su nivel de crispación y de desconcierto práctico, no ayuda a ningún diálogo entre administraciones ni a ninguna negociación con los bancos. Y, desde luego, no hace pedagogía política ni contribuye a fomentar el respeto a la legalidad.