EL reciente barómetro sobre opinión pública de Andalucía de IESA pone de manifiesto un fenómeno que se viene detectando desde hace ya unos años en otras encuestas similares y que, incluso, ha tenido su reflejo en los niveles de participación en los últimos procesos electorales: la desafección de una parte muy importante de la ciudadanía hacia la política. La encuesta resalta que una buena parte de la misma valora escasamente las instituciones del Estado y los partidos políticos; señala que no está satisfecha con el funcionamiento de la democracia y con la capacidad de los líderes políticos para resolver sus problemas. Cualquier persona responsable debe considerar que estamos ante una situación grave y preocupante.

Es cierto que esa desafección viene de lejos pero, sin duda, ha encontrado en la crisis económica su campo más propicio para agravar sus efectos en la ciudadanía: la desilusión, la desmoralización individual y colectiva y la pérdida de autoestima. Porque esta crisis, además de económica, es una crisis de la política y también institucional que afecta a todas las instituciones del Estado. Junto a los problemas económicos y sociales de la crisis (paro, desigualdad, pobreza, falta de crédito, etc.) o debido a ellos, los ciudadanos tienen la percepción de una incapacidad de los gobiernos para resolverlos. Observan con estupor cómo se transfieren cantidades milmillonarias para salvar los bancos, muchos de ellos mal gestionados por sus gestores, al tiempo que se recortan servicios públicos esenciales y se deja en el abandono a miles de ciudadanos afectados por la imposibilidad de pagar sus hipotecas. Y, sobre todo, cunde el desánimo ante la ausencia de expectativas y de un horizonte mínimamente esperanzador para los jóvenes.

Todo ello está provocando un cierto deterioro de la legitimidad de la democracia, que es terreno abonado para el cuestionamiento interesado de las instituciones democráticas por algunos medios de comunicación junto a grupos de la derecha extrema y colectivos antisistema. En definitiva, la anti política. Tratan de agudizar la descomposición de las instituciones y "canalizar" las reivindicaciones populares sin pasar por los partidos políticos y la representación democrática. Esta concepción está en el origen de los totalitarismos y la madre de los populismos. Por eso, nada está escrito en el futuro de la democracia.

Es cierto, como dicen los expertos, que la desafección a quien más perjudica electoralmente es al Partido Socialista. Pero el problema va más allá de un interés partidista porque lo que nos debe preocupar es el futuro de la democracia y de sus instituciones y, en consecuencia, cómo recuperar la credibilidad y la confianza de los ciudadanos en la misma. En definitiva, toca hacer POLÍTICA, ¡con mayúsculas!

El origen de la crisis no está en las políticas públicas que conforman el estado de bienestar; los culpables no son los parados ni los jubilados, los enfermos ni los discapacitados y dependientes. Por ello, frente al "pensamiento único" de la derecha basado en la austeridad a ultranza y el desmantelamiento del estado de bienestar, el PSOE tiene que construir una respuesta global que afronte la regulación de los mercados y evite crisis sistémicas como la actual con los efectos atroces que soportan los ciudadanos. Una respuesta que traslade a los ciudadanos la seguridad y la confianza de que "manda" la política y la gobernanza democrática y no los mercados especulativos. Una respuesta que asegure expectativas ciertas.

Una respuesta global:

-Que reparta equitativamente las cargas y sacrificios derivados de la crisis a través de una profunda reforma fiscal y que recaude los recursos necesarios para crear empleo.

-Que contemple una reforma de la Constitución que afronte los cambios sociales producidos, actualizándola y reforzándola ante los españoles. Una reforma con un modelo territorial que integre un proyecto nacional -de país-, propio de un partido que siempre ha tenido como seña de identidad la vertebración y la cohesión de España.

-Que proponga el consenso social y el pacto de Estado con una hoja de ruta que ayude a la salida de la crisis. La derecha de este país debe ser consciente de que no posee el monopolio de la razón y que la negociación no es una debilidad política.

Un proyecto, por último, que dé respuestas a los intentos de deslegitimación de la democracia representativa. Es cierto que no hay más democracia real que la democracia representativa, pero no es menos cierto que es imprescindible mejorarla para hacerla más viva, más participativa y más cercana a los ciudadanos.

Si somos responsables, es hora de ser audaces. Hace falta una reforma del sistema electoral que modifique las listas electorales cerradas y bloqueadas y que dé más facilidades para las iniciativas legislativas ciudadanas. Hace falta más transparencia de las instituciones y partidos que quite cualquier argumento, a la demagogia y populismo sobre "privilegios" y "prebendas" de los políticos. Es necesaria una mayor centralidad política de los parlamentos en el debate político y en la elaboración legislativa. Y es imprescindible que los ciudadanos tengan la plena garantía de un comportamiento ético intachable de quienes se dedican a la política.