Bajo nuestros pies, a una profundidad que puede rondar los 100 metros, la ciudad cuenta con un recurso natural cuyo grado de contaminación está empezando a ser alarmante. El Puerto tiene el privilegio de compartir con las localidades de Sanlúcar, Rota y Chipiona una masa de agua subterránea que se extiende a lo largo de unos 152 kilómetros cuadrados.

En el término municipal portuense, según los datos que obran en poder de la Junta de Andalucía, el acuífero se extiende a lo largo de la Costa Oeste y continúa en paralelo a la margen derecha del río Guadalete (la franja urbana), ocupando buena parte de la ciudad hasta las faldas de la Sierra de San Cristóbal. Asimismo, cuenta con un pequeño brazo en la parte septentrional del término municipal, lindando con los municipios de Sanlúcar y Rota.

Sin embargo, su estado dista del recomendable. Así lo advierten los estudios realizados para la elaboración del Plan Hidrológico de la Cuenca del Guadalete y Barbate que aprobó el pasado martes el Consejo de Gobierno de la Junta. En él se advierte que la actividad agrícola ha propiciado que esta masa de agua subterránea "sea susceptible de sufrir contaminación por nitratos procedentes de fertilizantes y otros medios de producción agrario". Para ratificarlo se basan en muestras recogidas durante la pasada década en las que se ha detectado concentraciones máximas de nitratos de 325,39 miligramos por litro, cuando los límites medioambientales aconsejables establecen que estos niveles deben ser inferiores a 50 miligramos por litro.

El Plan dice claramente cuál sería la solución, que, por cierto, sería tajante y con una repercusión económica bestial. Así lo reconoce el Plan Hidrológico y, por ello, la descarta. En el documento se razona que la filtración procede de los cultivos realizados en zonas de regadío que entre El Puerto y la Costa Noroeste ocupan una superficie de más de 7.500 hectáreas. Según datos del último Censo Agrario realizado por el INE (Instituto Nacional de Estadística), El Puerto cuenta unas 226 explotaciones repartidas en unas 7.400 hectáreas, de las que un 20% son de regadío. Así, si se optara por una sustitución de este modelo de explotación por uno de secano se estima que la calidad ambiental del acuífero podría mejorar (aunque el plan no tiene datos para corroborarlo) pero ello supondría un impacto socioeconómico tremendo. En este sentido se apunta: "La eliminación de la superficie agrícola implicaría, además de la destrucción del sistema productivo, una elevada destrucción de empleo, riesgo de desertificación y despoblación del medio natural" Así estima que las pérdidas económicas podrían superar los 23 millones de euros. Por ello, señala: "Dado que no se ha evaluado cuantitativamente el beneficio ambiental, no se puede estimar si los beneficios son superiores a los costes. Sin embargo el coste socioeconómico de la medida es muy importante y se considera claramente superior a los beneficios ambientales y que, por tanto, se incurre en costes desproporcionados".

Por este motivo, se abogan por otras medidas que hagan compatibilizar la agricultura y el medio ambiente para tratar de reducir, al menos en parte, los niveles de contaminación. Por ello, se plantean realizar un programa específico de formación y divulgación de prácticas adecuadas en el abonado nitrogenado en los cultivos y fomentar las mejoras en las técnicas de riesgo con un uso más eficiente del agua. Estas medidas se encuadran dentro de un programa que se marca como horizonte el año 2015 y cuyo presupuesto ronda los 20.000 euros. Ahora queda saber si esto llegará a aplicarse o no en sucesivos años.

Si el estado cualitatito de la masa subterránea es alarmante, no lo es tanto en lo referido a la parte cuantitativa. Se estima que anualmente tiene unos recursos disponibles de 11,9 metros cúbicos al año y una recarga anual que supera los 17 hectómetros cúbicos. Mientras tanto, el volumen extraído apenas llega a los 1,1 metros cúbicos (un 9% de su capacidad), lo que se considera unos niveles buenos por parte de los redactores del Plan Hidrológico. No obstante, no se hace mención en esta planificación si permitirá o no ampliar el número de autorizaciones de extracciones así como las actuaciones que se pretende acometer contra aquellas que no están autorizadas (los tradicionales pozos en parcelas).