¿Pueden denunciarte por avisar de un control de tráfico en una red social? Esto le ha pasado a una conductora de Ibiza

Avisar por redes sociales de la presencia de un control de la Guardia Civil o de la Policía Nacional o Local puede terminar saliendo muy caro. Es lo que le ha ocurrido a una mujer en Ibiza, que avisó en un grupo de Telegram de la presencia de un control de tráfico en una vía concreta de la isla y terminó con un acta de denuncia interpuesta en base a la Ley Orgánica 4/2015 de 30 de marzo de protección de la seguridad ciudadana. La multa por esta infracción, considerada grave, puede variar entre los 601 y los 30.000 euros.

Denunciada por avisar de un control de tráfico en Telegram

Según publica Europa Press, los hechos ocurrieron el pasado domingo 4 de enero cuando agentes de la Guardia Civil estaban realizando un punto de verificación de vehículos y personas en una carretera de Ibiza. En un momento de la noche, dieron el alto a un turismo en el que viajaban dos mujeres que, tras ser identificadas, continuaron su marcha.

Minutos más tarde, los agentes comenzaron a notar que el flujo de vehículos por esta vía disminuía considerablemente, observando cómo varios vehículos usaban un camino vecinal paralelo al punto en el que se encontraban para evitar el control. Los guardias civiles comprobaron la existencia de un grupo de Telegram activo en la isla cuyo objetivo es comunicar de incidencias en el tráfico en Ibiza. En esta red social pudieron comprobar que efectivamente había un mensaje alertando del control en esa carretera.

Los agentes comenzaron entonces a averiguar la identidad de la persona que había subido ese mensaje, que resultó ser una de las mujeres que minutos antes había sido identificada en el control. Una vez localizada, procedieron a levantar un acta de denuncia por la Ley Orgánica 4/2015 de 30 de marzo de Protección de la Seguridad Ciudadana.

Qué dice exactamente la ley

Según el comunicado del Instituto Armado recogido por Europa Press, la mujer habría incurrido en una infracción grave según el artículo 36.23 de la norma que hace referencia al "uso no autorizado de imágenes o datos personales o profesionales de autoridades o miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que pueda poner en peligro la seguridad personal o familiar de los agentes, de las instalaciones protegidas o en riesgo el éxito de una operación, con respeto al derecho fundamental a la información". En concreto, se le aplicaría esta última acepción, es decir, la de poner "en riesgo el éxito de una operación".

En cuanto a las sanciones previstas para estas infracciones graves, la ley establece en su artículo 39 que éstas conllevarán una multa de 601 a 30.000 euros en función a que se considere de grado mínimo (de 601 a 10.400 euros), medio (10.401 a 20.200 euros) o máximo (de 20.201 a 30.000 euros).