El tema de la semana lleva nombre y apellido, los de la actriz española Ana Obregón. Tras sus imágenes en una silla de rueda cargando a su hija nacida por gestación subrogada en Estados Unidos, surge la curiosidad de saber con detalle en qué consiste este polémico método.

En la ley de 2006 sobre técnicas de reproducción humana asistida en el artículo 10 queda claro la ilegalidad de realizar este proceso y el consiguiente contrato de gestación por sustitución. La ley penaliza de igual manera el alquiler de vientre con o sin pago.  No obstante, según explicó a Newtral, la abogada y profesora de la Universidad Complutense de Madrid, Myriam Fernández Nevado, “en el Código Penal no está reconocido como un delito, por lo que la práctica no está penalizada”.

Durante este 2023, esta prohibición se ha visto ampliada tras el planteamiento de la reforma de la ley del aborto por parte del Ministerio de Igualdad. Esta práctica se incluyó como violencia reproductiva hacia las mujeres. Además, en dicha reforma se incluían los artículos 32 y 33 en los que se ampliaba la prohibición de publicitar cualquier método de gestación subrogada.

Desde la Organización de las Naciones Unidas la definen como una “forma de práctica reproductiva de terceros en la que los futuros padres contratan a una madre sustituta para dar a luz a un bebé”. A nivel internacional, existe una gran variedad de legislaturas que regulan esta técnica. Por lo que alertan de la posibilidad de que los bebés nacidos sean vulnerables ante violaciones de sus derechos, sobre todo, que “la práctica a menudo puede equivaler a la venta de niños”. Para Fernández Nevado este método no cuenta con los derechos de los niños, por lo que puede ser definida como  “una visión adultista de la paternidad”.

La gestación subrogada supone que la persona que gesta al feto es alguien externo a los contratantes. Dependerá de las personas implicadas que aporten sus óvulos o espermatozoides si lo desean. Por lo que según el proceso a realizar, se pueden establecer dos tipos de gestación subrogada, según el grado de implicación de la persona gestante:

• Se considera vientre de alquiler parcial cuando la persona gestante emplea sus propios óvulos para ser fecundados con esperma de un donante o de una de las personas que quieran ser progenitores.
• Se considera gestación subrogada completa cuando la persona gestante no emplea sus óvulos, sino que lo porta una vez fecundado con técnicas de reproducción asistida.

En ambos métodos la gestante renuncia a sus derechos sobre el recién nacido, aunque podría mantener contacto si la gestación subrogada es intrafamiliar, es decir, se realiza entre familiares. Ejemplo de ello es cuando se produce entre hermanas, primas o madre e hija. En el caso de no tener relación alguna con la pareja o familia demandante, se considerará gestación subrogada extrafamiliar.

La imposibilidad de realizarlo en España promueve la movilización de miles de personas a otros países, con Estados Unidos en lo más alto de la lista. Normalmente, se cubren los gastos del embarazo y del parto de la persona que lleva al feto y a la que se le dará una compensación económica tras dar a luz.

Si el proceso se lleva a cabo a través de gestación subrogada completa, "la filiación sería acreditada por la por la inscripción en el Registro Civil, por el documento o sentencia que la determina legalmente, por la presunción de paternidad matrimonial y, a falta de los medios anteriores, por la posesión de estado”, según recoge el artículo 113 del Código Civil.

La aportación de material genético por parte de uno de los integrantes de la pareja es reconocida en España como filiación por genética. De esta forma, la legislación española permite que una de las dos personas implicadas figuren como padre biológico, mientras que la otra persona figurará como adoptante.

En el caso de haber adoptado por la gestación subrogada parcial, en la que no se ha aportado material genético, la pareja deberá adoptar al bebé. Así lo exige el Tribunal Supremo.  

La apertura de este debate ha reactivado la alarma de los diferentes partidos políticos, quienes se han mostrado abiertos ante la posibilidad de cambiar la legislatura establecida hasta el momento. El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo ha sido el primero en destacar que su partido está abierto a abordar el tema. Al tiempo que el Gobierno, encabezado por la Ministra de Igualdad, Irene Montero, ha calificado el proceso de "violencia" y "explotación".