El Bono Alquiler Joven ha acaparado la atención de los presentes en la comisión en el Parlamento Andaluz. La consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Marifrán Carazo, ha adelantado que este marzo se van a resolver las solicitudes de la convocatoria de ayudas. Tras recibir 17.228 solicitudes en toda Andalucía, Cádiz se coloca como la cuarta provincia con más solicitudes presentadas con 1.832.

Durante su comparecencia ante la Comisión de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda del Parlamento Andaluz, Carazo ha explicado los motivos por los que se adelantará la resolución. Pese a que el plazo máximo para ello establece en las bases reguladoras el mes de mayo, la consejera ha querido destacar el trabajo sin descanso para agilizar la tramitación a consecuencia de su creciente interés social.

Al hilo de esto, Carazo ha destacado la importancia de que haya sido una convocatoria telemática. De este modo, la Agencia Digital de Andalucía puso en marcha el desarrollo de un programa de robotización con el que poder simplificar los tiempos de tramitación y que "el dinero llegase cuanto antes a los jóvenes". "Queríamos evitar a toda costa esas dolorosas imágenes de la gente haciendo colas en la calle, al raso, y pasando la madrugada en sillas de playa frente a las puertas de cada delegación para optar a una ayuda, como ocurría en otras legislaturas", ha explicado Carazo.

Finalizado el plazo de presentación, la Junta de Andalucía registró 17.228 solicitudes, destacando a Sevilla, Málaga y Granada como las únicas provincias que superaron las 3.000 peticiones. Tras ellas, Cádiz con 1.832, Córdoba y Jaén. Almería y Huelva no alcanzaron las mil peticiones.

La provincia gaditana espera beneficiarse de una buena partida de los 68,4 millones de euros a repartir. Los jóvenes menores o igual a 35 años que vivan en alquiler y cuenten con ingresos menores a cuatros veces de Iprem se beneficiarán de una cuantía de 250 euros mensuales y que se prolongará hasta un máximo de dos años.

Así comprueba la Junta la validez de las solicitudes

Cuatro días fueron los establecidos por la Junta para que los usuarios cumplimentasen vía telemática sus solicitudes. Finalizado el plazo de admisión, la Consejería comenzó a trabajar en resolver las peticiones, comenzando por clasificarlas en provincias y tipos de contrato. El segundo paso lo dedicarían a la grabación de cada uno de los expedientes con reservas de créditos y finalizar con la fase de revisión de los requisitos. En este último procedimiento se pondría en marcha la herramienta informática desarrollada por la Junta para esta convocatoria en específico, permitiendo la verificación automática de 16 de estos requisitos. De cada 22 solicitudes, seis serían verificadas de manera manual y a través del personal de las respectivas delegaciones territoriales.

Aquellas solicitudes que no cumplen con los requisitos establecidos serán desestimadas, mientras que las que les falte alguna documentación, se informaría a los usuarios para su subsanación. "La buena noticia es que muy pronto, en cuestión de días, vamos a comenzar a emitir las propuestas de resolución favorables, con lo cual, la orden de pago será con carácter inmediato, unas semanas más tarde", finalizaba la consejera por explicar durante su intervención.

La respuesta de la oposición a los tiempos de tramitación

Las declaraciones de la consejera movilizaron a los presentes en la Comisión a exclamar frases como “14 meses después el dinero sigue secuestrado”, por parte de algunos diputados del PSOE. Los de Juan Espadas reclamaban una respuesta que llega tarde, ya que el pago de las ayudas tiene carácter retroactivo desde el pasado 1 de enero de 2022. A estas acusaciones se han unido la de la diputada socialista Isabel Ambrosio al demostrar la tardanza en el abono del dinero, un año después de la aprobación del decreto que regula el Bono. “Las expectativas de los jóvenes están por los suelos, por tanto, está claro que la gestión ha sido penosa y ni la Consejería ni la Junta le han puesto cariño ni interés a este asunto" expresó Ambrosio.

Con respecto al resto de bancadas, las exigencias han sido similares. El diputado de Vox, Alejandro Hernández ha asegurado ayudas como esta se encargan de “enmascarar la incapacidad de todas las administraciones para dar respuesta a un problema que afecta a la satisfacción de un derecho fundamental como es el de la vivienda". Junto a esta crítica, Hernández ha querido poner el foco de atención en la necesidad de aumentar la promoción de vivienda pública en régimen de alquiler con opción a compra y, también, "facilitar la generación de empleo y riqueza, ayudando a las pymes con impuestos y cotizaciones que no mermen los salarios de los jóvenes para que puedan acceder al mercado de la vivienda".

En el caso de Por Andalucía, Inmaculada Nieto ha sido la encargada en tomar la palabra y pedir a la Consejería autocrítica y tomar consciencia de que el resto de comunidades se han enfrentado a los mismos problemas: "Todas las comunidades han resuelto los mismos escollos, pero es posible que aquí no se hayan hecho las cosas demasiado bien, y creo que es saludable en términos democráticos que la ciudadanía reciba una respuesta o unas disculpas por ese retraso en las ayudas".

Pese a las críticas, el diputado del PP, Antonio Saldaña ha querido destacar el "gran trabajo” realizado por la Consejería y rechazar las palabras de "la izquierda, y especialmente el PSOE, han intentado inocular en la opinión pública" al mencionar que Andalucía ha dado una respuesta tarde, lo está haciendo peor que el resto de comunidades o que la herramienta empleada no funciona”.