Bruselas abre otro frente contra Google por el uso de contenidos sin permiso para entrenar su inteligencia artificial

Solo unos días después de la multa a X, la Comisión Europea abre un nuevo capítulo en su cerco a las grandes tecnológicas. En este caso la protagonista es Google y el escenario, la inteligencia artificial.

A diferencia de la sanción a X y a otros conflictos como los que incumben por ejemplo a Meta, Bruselas no ha recurrido aquí ni a la Ley de Mercados Digitales ni a la de Servicios Digitales, sino a algo más tradicional, la competencia y el abuso de posición de dominio.

La investigación formal de la CE alude a posibles prácticas anticompetitivas relacionadas con el uso de contenidos online para alimentar los modelos de IA de Google, ya que sospecha que ha utilizado material de editores web y creadores de YouTube sin ofrecer una compensación adecuada ni la posibilidad de rechazar ese uso.

La cuestión es si Google distorsiona la competencia al imponer términos y condiciones injustos a los creadores de contenido o al otorgarse a sí mismo un acceso privilegiado a ese material, lo que colocaría en desventaja a los desarrolladores de modelos de IA rivales, informó el Ejecutivo comunitario en un comunicado.

Uso de contenidos de editores web

La Comisión tiene indicios de que Google ha empleado contenido de sitios web para proporcionar servicios de IA generativa en sus páginas de resultados de búsqueda sin compensar a los editores, que no pueden rechazar ese uso.

Los servicios bajo investigación son AI Overviews, que muestra resúmenes generados por inteligencia artificial en respuesta a las consultas de los usuarios por encima de los resultados tradicionales, y AI Mode, una pestaña de búsqueda similar a un chatbot que responde de forma conversacional.

Bruselas investigará hasta qué punto la generación de estos servicios se basa en contenidos de editores web sin compensación y sin que estos puedan negarse sin perder el acceso a Google Search. Este aspecto es especialmente relevante porque muchos editores dependen del buscador de Google para obtener tráfico de usuarios y no quieren arriesgarse a perder esa visibilidad.

Contenidos de YouTube

La investigación también examinará si Google ha utilizado vídeos y otros contenidos subidos a YouTube para entrenar sus modelos de IA generativa sin (tampoco) ofrecer a los creadores una compensación adecuada ni la posibilidad de rechazar ese uso.

Según la Comisión, los creadores que suben vídeos a YouTube tienen la obligación de autorizar a Google a utilizar sus datos para diferentes fines, incluido el entrenamiento de modelos de IA generativa. Sin embargo, Google no remunera a los creadores por este uso específico ni les permite subir contenido sin conceder esa autorización.

Además, las políticas de YouTube prohíben a desarrolladores rivales de modelos de IA utilizar contenidos de la plataforma para entrenar sus propios sistemas, lo que refuerza la posición dominante de Google en este ámbito.

Un problema ya conocido

Este caso se suma a una práctica que ya se reveló en mayo de este año: Google puede continuar entrenando sus productos de inteligencia artificial con contenido de la web incluso cuando los editores han rechazado expresamente que sus contenidos se utilicen para ese entrenamiento.

Así lo admitió el vicepresidente de Google DeepMind, Eli Collins, en las sesiones celebradas en un tribunal federal de Estados Unidos en el marco del juicio antimonopolio por las búsquedas. Collins reconoció entonces que la compañía "tiene la capacidad de entrenar con datos que los editores habían optado por no permitir".

La razón, según explicó, es que los controles de Google para no participar en el entrenamiento de IA están relacionados únicamente con el apartado de Google DeepMind. Cualquier otro servicio de Alphabet, la matriz de Google, puede continuar utilizando estos datos para entrenar los modelos de sus productos.

Posibles consecuencias

Si se confirman las prácticas bajo investigación, Google podría estar infringiendo las normas de competencia de la Unión Europea que prohíben el abuso de una posición dominante, recogidas en el artículo 102 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. De probarse la infracción, la compañía se enfrentaría a una multa millonaria.

"La IA está aportando una innovación notable y numerosos beneficios a las personas y las empresas de toda Europa, pero este progreso no puede ir en detrimento de los principios fundamentales de nuestras sociedades", declaró la vicepresidenta del Ejecutivo comunitario responsable de Competencia, Teresa Ribera. "Google podría haber impuesto condiciones injustas a editores y creadores de contenido, perjudicando a los desarrolladores de modelos de IA rivales", añadió la política española.

Por su parte, un portavoz de Google respondió que "esta denuncia pone en riesgo la innovación en un mercado que es más competitivo que nunca" y aseguró que la compañía "seguirá trabajando estrechamente con las industrias de noticias y creación de contenidos mientras hacen la transición a la era de la IA".

La apertura de una investigación formal no prejuzga su resultado. No existe un plazo legal para concluir una investigación antimonopolio, y su duración depende de varios factores, incluida la complejidad del caso, el grado de cooperación de las empresas implicadas y el ejercicio de los derechos de defensa por parte de las mismas.

Esta investigación es la última de una larga serie de actuaciones de los reguladores europeos contra las grandes tecnológicas estadounidenses que se encuentran en distintas fases de actuación.

Siguiendo con Google, la UE le impuso en septiembre pasado una multa de casi 3.000 millones de euros por favorecer sus propios servicios de publicidad digital frente a los de la competencia. Y, en noviembre, abrió otra investigación formal, esgrimiendo la Ley de Mercados Digitales, por el modo en que la compañía trata a los medios de comunicación en sus resultados de búsqueda.

Otra de las nuevas normas europeas, la Ley de Servicios Digitales, sirvió para que, la semana pasada, Bruselas multase a X (antigua Twitter) con 120 millones de euros por engañar a los usuarios con el verificado (la insignia azul), falta de transparencia en sus datos publicitarios y bloquear el acceso a los investigadores. Fue la primera sanción impuesta bajo esa ley.