La Fiscalía de Jerez remite un escrito al Juzgado por el que solicita la apertura de juicio contra el anterior gobierno municipal del PP-AIPro en Arcos, que encabezó el popular José Luis Núñez, por un presunto caso de enchufismo en el Ayuntamiento de más de una veintena de familiares e integrantes de sus listas electorales durante el periodo de 2011 a 2015.

En su escrito de acusación remitido al Juzgado de Instrucción número 2 de Arcos, el fiscal solicita pena de inhabilitación de entre 8 y 12 años para el ex regidor popular de este pueblo, José Luis Núñez y 11 de los concejales que formaron parte de la coalición del gobierno PP-AIPro, además de otros seis años de inhabilitación para el que entonces fuera interventor del Ayuntamiento, José Antonio Fernández de Álava.

Además del ex alcalde José Luis Núñez, la Fiscalía acusa a los ediles del PP que ostentaron responsabilidades en delegaciones municipales como Juana María Morales, Domingo González, María Elena Miras, Sebastián Ruiz y Carlos de la Barrera. Por parte de AIPro, la acusación se extiende a los que fueron concejales con delegaciones de esta formación Manuel Erdozain, Manuel Romero, Petri Macías, Rosario León, Leopoldo Pérez y Francisco Muñoz.

La Fiscalía dice que “los acusados con conocimiento de la inadecuación legal del procedimiento, prescindiendo del procedimiento de selección preceptivo y sin respetar los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad exigidos en la Constitución, mientras era alcalde José Luis Núñez, habían venido celebrando numerosos contratos laborales ilegales, concediendo un empleo público a quienes ellos estimaban conveniente, en algunos casos por exclusivos vínculos familiares o por pertenencía a su mismo partido político o con el que gobernaban en coalición, sin ajustarse a los principios mencionados que deben de regir en la función pública”.

Añade el fiscal que para lograr sus propósitos con estas contrataciones presuntamente irregulares los ediles contaron “con la estimable colaboración del entonces interventor del Ayuntamiento de Arcos hasta septiembre de 2013, José Antonio Fernández de Álava, quien a pesar de tener conocimientos de la ilegalidad de dichas contrataciones, mantuvo una posición pasiva consintiendo con la misma y no emitiendo informes de reparo alguno contraviniendo lo establecido en la ley”. Así que pide para él inhabilitación de 6 años para ostentar empleo como interventor.