Sentencia contra el Ayuntamiento de San Fernando por tardar mes y medio en reincorporar a un policía local tras recibir el alta médica

La sección sindical de la Policía Local de San Fernando ha dado a conocer la sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de Cádiz que condena al Ayuntamento de San Fernando "al pago de salarios, de las cotizaciones a la Seguridad Social y de las costas procesales tras dejar sin retribución a un funcionario policial durante más de mes y medio".

El caso se remonta al 10 de noviembre de 2023, cuando el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) resolvió que el funcionario no presentaba incapacidad permanente. Pese a ello, explica el sindicato, el Ayuntamiento no lo reincorporó al servicio activo ni comunicó su situación hasta el 1 de enero de 2024, fuera del plazo legal. "Esta omisión administrativa provocó un vacío económico y laboral injustificable, vulnerando derechos reconocidos en el Estatuto Básico del Empleado Público y la Ley de Prevención de Riesgos Laborales", detallan los representantes sindicales de la plantilla.

La sentencia destaca la falta de coordinación entre Recursos Humanos y la Jefatura de Policía Local y alerta sobre la ausencia de empresa de prevención de riesgos laborales, a pesar de los reiterados requerimientos de la Inspección de Trabajo. El agente afectado, con limitaciones físicas derivadas de accidente laboral, contaba con adaptación funcional previa, que ha sido retirada sin justificación, exponiéndolo a riesgos incompatibles con su estado de salud, denuncia también el sindicato.

"Este caso no es aislado. Refleja una práctica sistemática de abandono institucional hacia los empleados municipales, especialmente en cuerpos de seguridad con elevada media de edad y exigencias físicas específicas. La falta de valoración de puestos de segunda actividad y la denegación de adaptaciones laborales agravan el malestar generalizado en la plantilla", prosigue.

"Además, resulta especialmente grave que el Ayuntamiento haya sido condenado al pago de costas judiciales, que deberán ser sufragadas con cargo a la tesorería pública municipal. Es decir, con dinero de todos los ciudadanos de San Fernando. Esta consecuencia económica directa es fruto de decisiones técnico-políticas adoptadas en el ámbito de la representación jurídica del consistorio, que lejos de proteger los derechos de sus empleados públicos, los confronta en sede judicial. Esta forma de proceder no solo vulnera principios básicos de buena administración, sino que convierte la defensa institucional en un mecanismo de enfrentamiento, generando perjuicios económicos evitables y desprestigio institucional".

Desde la representación sindical han exigido al gobierno municipal una revisión inmediata de los protocolos de reincorporación, la restitución de medidas preventivas y el respeto efectivo a los derechos laborales fundamentales. "La protección de la salud laboral no es negociable: es un derecho constitucional (art. 40.2 CE) y una obligación legal", señalan.

"Instamos al Ayuntamiento a establecer un calendario de diálogo urgente con esta sección sindical. En caso contrario, se iniciarán acciones legales y sindicales progresivas", apunta al insistir en denunciar la "situación caótica" de la Policía Local y asegurar que "la ciudadanía debe saber que la dignidad laboral de los que velan por su seguridad está en juego"