El PP pide la retirada de la ordenanza del agua en San Fernando con el fin de la sequía

El PP de San Fernando, a través de su concejal y secretaria general, Carmen Roa, ha cuestionado públicamente si el fin efectivo de la sequía anunciado por el Ayuntamiento en sus redes sociales, traerá consigo también "la retirada de la subida de las tarifas del agua que el gobierno socialista de Patricia Cavada pretende imponer en solitario y sin ningún tipo de consenso político ni respaldo ciudadano".

"Celebramos el anuncio que ha hecho el gobierno local sobre la reactivación de las fuentes ornamentales por la mejora de la situación hídrica, pero nos obliga a preguntar: ¿seguirá adelante la alcaldesa con una subida que justificó como necesaria por la sequía?", ha planteado Roa.

La edil del PP recuerda que su grupo ya votó en contra de esta subida en el pleno celebrado el pasado mes de marzo, donde Cavada, "mparada únicamente en su mayoría absoluta, aprobó inicialmente la modificación de la ordenanza reguladora del servicio de abastecimiento de agua".

De no prosperar la petición de retirada de la subida del agua, los populares ya han presentado alegaciones a la propuesta socialista de ordenanza que aún no han sido resueltas por el gobierno local. En ellas, el PP advierte de que "los incrementos afectarán gravemente al consumo doméstico, industrial, comercial y a organismos oficiales".

Así, apunta, en viviendas particulares: la tarifa subiría un 8,24 % en el primer tramo, un 11,11 % en el segundo y un 19,93 % en el tercero. En empresas y comercios,, las subidas serían del 5,90 %, 10,89 % y 20,09 %, respectivamente. Y en organismos oficiales, el sumento alcanzaría "un desproporcionado 65,92 %".

Además, el PP ha denunciado que el gobierno de Cavada "ha recortado la bolsa social destinada a ayudas para el pago del agua, pasando de 50.000 euros a solo 25.000, e imponiendo nuevos criterios de exclusión".

"Pensionistas, desempleados o personas con discapacidad que residen en bloques con contador comunitario, como ocurre en barriadas como Bazán, Andalucía, Blas Infante o Duque de Arcos, quedan fuera de las bonificaciones sin motivo técnico que lo justifique", ha lamentado Roa.

El Partido Popular considera que esta propuesta tarifaria "carece del rigor necesario, al no contar con una memoria de costes auditada ni un informe económico solvente, y recuerda que el dictamen de Intervención es desfavorable".

"Lo único claro en este expediente es la intención recaudatoria de Cavada, sin una supervisión técnica seria ni sensibilidad hacia los vecinos", ha afirmado.

Por ello, Carmen Roa ha reiterado las exigencias del Partido Popular al gobierno municipal: la retirada inmediata de la ordenanza tal y como está planteada; la reapertura del expediente con criterios de proporcionalidad, equidad y sostenibilidad social, la restitución de la bolsa social a su cuantía original; "y la garantía de que futuras tarifas protejan a las familias isleñas, sin convertir un servicio básico en una fuente de ingresos para una empresa privada".

"Que Cavada diga si va a mantener su castigo económico a las familias de San Fernando o si, por una vez, va a dar marcha atrás en una medida injusta. Si ya no hay sequía, no hay excusas", afirma Carmen Roa.