San Fernando

La plantilla de la limpieza plantea una huelga en plena Semana Santa

  • Rechazan el nuevo contrato y piden que se paralice la adjudicación a una semana de su votación en el pleno 

  • Convocada una concentración ante el Ayuntamiento 

Operarios del servicio de limpieza, en una imagen de 2018. Operarios del servicio de limpieza, en una imagen de 2018.

Operarios del servicio de limpieza, en una imagen de 2018. / Román Ríos (San Fernando)

El Ayuntamiento se enfrenta a una huelga de los servicios de limpieza en plena Semana Santa y a poco más de un mes de las elecciones municipales, lo que podría tener unas consecuencias políticas demoledoras para el gobierno en minoría que comparten socialistas y andalucistas.

La plantilla –integrada por un centenar de trabajadores– lo anunció ayer tarde al dar a conocer las movilizaciones aprobadas por unanimidad que arrancarán el próximo día 22 con una concentración a las puertas del Ayuntamiento.

La adjudicación del nuevo contrato, que el equipo de gobierno pretende zanjar en el próximo pleno a favor de la empresa Cespa, ha sido el catalizador del descontento y la incertidumbre que desde hace meses arrastra a la plantilla a un callejón sin salida al bloquearse la negociación del convenio colectivo durante todo el proceso de licitación que se inició en el pasado mes de marzo, apenas unos días antes de que entrara en vigor la nueva Ley de Contratación del Sector Público.

Tras el rechazo de la plantilla, la votación en el pleno queda en el aire ya que necesita del apoyo de la oposición

En diciembre, explicó el comité de empresa arropado por los representantes sindicales de UGT y CCOO, consiguieron in extremis una prórroga de un año del convenio vigente. Pero las negociaciones con Urbaser están completamente paralizadas mientras no se resuelva la nueva adjudicación del servicio, lo que todavía podría tardar varios meses y, más aún, si tienen que resolverse antes los más que probables recursos que interpondrán otras empresas interesadas en hacerse con el contrato.

La incertidumbre, advierten desde la plantilla, crece ante el escenario electoral que se avecina y ante un posible cambio político en el Ayuntamiento. La prórroga del convenio expirará en el próximo mes de diciembre y, de no mediar con antelación un nuevo acuerdo, tendrán que asumir el convenio estatal y perder las mejoras acumuladas durante años de lucha sindical.

"Se habla de mejoras, pero la realidad es que hay 35 barrenderos para una ciudad de casi 100.000 habitantes"

Y con la llegada de una nueva adjudicataria –sostienen– apenas habría tiempo para negociar un nuevo convenio colectivo. De ahí que con estas movilizaciones intenten reactivar la maquinaria de las negociaciones con Urbaser. Para ello, piden también a los políticos "que no estorben". "Ahora mismo es Urbaser el interlocutor válido”, sostiene Juan Manuel Rocha Peláez, responsable de Organización de FSP UGT. Junto a Domingo Acedo, de CCOO, arroparon ayer al comité de empresa al anunciar el calendario de movilizaciones.

Los trabajadores, por otro lado, mostraron un contundente rechazo a la nueva plica porque "es mala para los trabajadores". Quieren que el proceso se frene, no solo porque les facilitaría un mayor margen de maniobra para negociar sino también porque no les cuadran los números del nuevo contrato. "Se habla de mejoras, de más horas de servicio y de más jornadas, pero la realidad de San Fernando es que hay 35 barrenderos para una ciudad que roza los 100.000 habitantes", dijo José Antonio de la Cruz, secretario del comité de empresa.

El nuevo contrato, dice el comité de empresa, deja a la plantilla con las manos atadas para negociar un nuevo convenio colectivo

El pliego planteado –lamentan– condiciona cualquier intento de negociación colectiva al aferrarse a la ley de desindexación para no recoger ningún tipo de subida durante la vigencia del contrato, lo que frena en seco toda tentativa de pactar mejoras para la plantilla. Así, dicen los trabajadores, llevan diez años. Y la situación con el nuevo contrato podría prorrogarse por otros seis más.

Su postura, a una semana del pleno en el que se tratará la propuesta de adjudicación a la empresa Cespa, deja en el aire el resultado de una votación en la que el gobierno en minoría precisa necesariamente del apoyo de la oposición para sacar adelante el punto. Así que la posibilidad de que la adjudicación no salga adelante es, desde ayer, una realidad que empieza a ganar peso.

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