La cesión en el pasado mes de octubre del inmueble que ocupaba el Centro de Interpretación del Parlamentarismo (CIP) a la Fundación Integralia y DKV Seguros se justificó en la puesta en marcha de un proyecto destinado a la creación de empleo estable cuyo principal objetivo era "la integración en el mundo laboral de la personas con discapacidad".

Decía la memoria que arropó este expediente promovido por el Gobierno municipal que el medio para conseguir dicha integración laboral "era la formación, la experiencia y el apoyo psicosocial continuo en un entorno que les proporcione (a las personas con discapacidad) la autoestima y promueva de forma adecuada las capacidades necesarias para su desarrollo profesional, sin olvidar que el objetivo final del proceso no es formar especialistas sino capacitarlos para su integración después a las empresas ordinarias de la zona".

Poco más se sabe de ese proyecto solidario que sirvió para que el PP, desde el Gobierno municipal, promoviera la cesión de este inmueble de 204 metros cuadrados y dos plantas de altura que se encuentra ubicado en la céntrica calle General Serrano, justo al lado del Teatro de Las Cortes, y que se había consagrado inicialmente a la promoción y divulgación del Bicentenario y del legado de Las Cortes de 1810. El Centro de Interpretación del Parlamentarismo fue, de hecho, una de las grandes obras de Diez en La Isla. En su apertura se invirtieron más de 700.000 euros: medio millón se gastó en las obras de la finca colindante al Teatro -el dinero salió del Plan E- y unos 200.000 en la dotación de contenido, que aportó el Consorcio para la conmemoración del Bicentenario.

Sin embargo, de ese proyecto solidario dedicado a la formación de personas con discapacidad que justificó la cesión de este inmueble público no hay ni rastro, según el PSOE. Su portavoz, Patricia Cavada, denunció ayer que las instalaciones están siendo utilizadas como una mera agencia de seguros. Y para demostrarlo mostró, se fotografió y repartió fotocopias de una póliza de un seguro de hogar que se había ofrecido a un ciudadano que acudió a estas instalaciones a interesarse por el proyecto de formación de personas con discapacidad que iba a ponerse en marcha y al que, sin embargo, se le ofrecieron distintas propuestas de índole comercial. Posteriormente, este vecino denunció los hechos al PSOE.

"Exigimos que todo esto se aclare", afirmó ayer Cavada, que advirtió sobre la "escasa claridad" que el PP ha mantenido en relación a este tema desde un primer momento. "En su momento, antes de abordar la cesión en el pleno, insistimos en saber cuántos cursos se iban a llevar a cabo, de qué tipo, qué perspectivas había para la integración laboral de los beneficiarios, cuánta gente se preveía contratar...", recordó. Pero ninguna de las preguntas que lanzó al exponer sus dudas sobre la cesión fue contestada por el Gobierno municipal. "Queríamos que se argumentara la cesión, de la que apenas sabíamos nada y que se había priorizado por encima de las necesidades de otras entidades". Ahora, el PSOE reclama al alcalde, José Loaiza, que dé explicaciones sobre lo que está ocurriendo y que aclare por qué lo que era el Centro de Interpretación del Parlamentarismo está siendo utilizado para vender seguros.

Desde la formación socialista se ha recordado la premura con la que se llevó a cabo el trámite administrativo para la cesión sin tener siquiera en cuenta otras opciones ni las demandas históricas de otras entidades de ayuda mutua más arraigadas en la ciudad para sus proyectos solidarios.