Entre el 1 de enero de 2004 y el 1 de abril de 2009 desaparecieron de la caja de efectivo que existía en las oficinas municipales de Hacienda 7.810.769,93 euros. El escandaloso robo -según detalla la investigación- se produjo sistemáticamente durante 1.917 días. Exactamente, cinco años y tres meses. Todavía hoy ni siquiera la jueza que se ha hecho cargo del caso acierta a comprender cómo no pudo detectarse el desfalco en todo este tiempo. Y de ahí, precisamente, que considere que la tesorera y el interventor del Ayuntamiento colaboraron de forma "activa y consciente" en el desfalco de las arcas municipales y les impute un delito de malversación de caudales públicos.

Pero si excesivo puede parecer el tiempo en el que se estuvo llevando a cabo el robo de la caja con total impunidad y sin que nadie en el Ayuntamiento se percatara de lo que estaba ocurriendo, más -muchísimo tiempo más- ha tardado la instrucción de la causa en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de San Fernando. Desde que el robo fuera descubierto y denunciado -en la jornada del 1 de abril de 2009- hasta el auto judicial con el que el pasado miércoles -1 de marzo de 2017- se cerraron las diligencias previas han pasado 7 años y 11 meses. Exactamente, 2.891 días. Para hacerse una idea puede tomarse un dato como referencia: la instrucción ha tardado en resolverse casi mil días más que el tiempo en el que se estuvo llevando a cabo el robo y que tanto escandaliza a todos.

Esta demora, desde luego, no ha pasado desapercibida en una ciudad en la que el desfalco sigue siendo una herida abierta que escuece cada vez que se nombra. Y es bastante probable que si desde el Ayuntamiento no se hubiese insistido encarecidamente al presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Lorenzo del Río, para que impulsara el proceso, los pasos que se han dado en los últimos meses no habrían tenido la misma agilidad.

La instrucción del robo de la caja roza los ochos años. Le ha faltado exactamente un mes para alcanzar esta fecha redonda. Han sido, en definitiva, 2.900 días en los que el desfalco y sus consecuencias no han dejado en ningún momento de estar presentes en la vida municipal y en la gestión económica del Ayuntamiento, que tras lo ocurrido, tras la desaparición de casi ocho millones de euros, ha experimentado un empuje inversamente proporcional para pasar al otro extremo y ser de lo más escrupulosa y puntillosa. Si antes se arrastraba un retraso de años en la contabilidad municipal -ha sido, de hecho, uno de los argumentos que se ha esgrimido para justificar que el robo de la caja pasara desapercibido durante tanto tiempo- ahora se cumple escrupulosa y tajantemente con todo hasta rozar la perfección en lo que concierne a la gestión económica. Los frecuentes reparos e informes de Intervención que trascienden, que van a pleno -y que lógicamente se usan políticamente- dan buena cuenta de ese trabajo minucioso y atento de los funcionarios competentes y que incluso se aplaude desde algunas siglas. Aunque eso no les ha librado de terminar metidos hasta el fondo en el fango de la causa penal y de que se les impute ni más ni menos que un delito de malversación de caudales públicos en un auto judicial que ha sido verdaderamente demoledor para la tesorera y el interventor y en el que la jueza que ha instruido la causa se escandaliza ante el hecho de que nunca, en los más de cinco años que han sido objeto de la investigación, se intentara conciliar la diferencia entre el saldo contable y el líquido ni se comprobara físicamente el dinero que existía en la caja de efectivo.

No hay que olvidar tampoco que el desfalco puso también literalmente patas arriba la política municipal. Basta recordar que para el PSOE fue el argumento electoral preferido que utilizó con todas sus ganas en las elecciones de 2011 con el propósito de desbancar al PA de la Alcaldía. Y ciertamente el robo -que había escandalizado hasta el extremo a la ciudadanía por la desorbitada cantidad de dinero que a diario se había escapado de las oficinas municipales de Hacienda sin que pasara absolutamente nada- tuvo un resultado demoledor para el andalucismo, aunque en ese momento -en las municipales de 2011- la victoria no fuera finalmente para los socialistas. Antes bien, su estrategia terminó beneficiando a su mayor rival -el PP- al posicionarse radicalmente en contra del PA y autodescartar de entrada un posible pacto que le habría permitido llegar al gobierno entonces.

También los populares han echado mano del robo en su argumentario político. Fue, de hecho, el motivo que esgrimieron en 2010 para romper el pacto de gobierno que tenían con los andalucistas a pesar de que había transcurrido ya más de un año del desfalco y, todavía hoy, desde las filas del PP se afanan en asociar los lamentables hechos del robo a la gestión andalucista para contraponerla con el orden y control que esta formación presume de haber implantado durante su mandato -entre 2011 y 2015- en las oficinas de Hacienda. En no pocas ocasiones el ex alcalde y actual portavoz de la formación, José Loaiza, se ha referido a los tiempos en los que el dinero público "se escapaba" del Ayuntamiento para criticar la gestión política anterior y compararla con la actual, que lleva a cabo el PSOE. Esta semana, sin embargo, tras conocer el auto judicial, salía en defensa de la tesorera y del interventor para asegurar que, durante su mandato como alcalde, le respondieron "con responsabilidad".

Lo cierto es que el robo de la caja ha sido el inevitable leitmotiv de la vida municipal en estos últimos ocho años, en los que además, de forma paralela, se ha resuelto el proceso correspondiente -un procedimiento de reintegro por alcance- en el Tribunal de Cuentas. La dilatada instrucción de la causa penal en el Juzgado durante todo este tiempo no ha hecho sino perpetuar esta situación en el tiempo. En el Ayuntamiento, desde que en verano de 2015 la jueza decidiera implicar en la causa como investigados al interventor y a la tesorera -lo que se confirmó finalmente en septiembre de 2016- la situación ha sido especialmente delicada al afectar de lleno a dos de los funcionarios de mayor rango, responsables además de la gestión económica.

En el auto judicial del Miércoles de Ceniza la jueza insiste además en implicar a ambos funcionarios en la causa penal y lo hace en términos muy contundentes llegando a hablar con severidad de su colaboración "activa y consciente" en el robo de la caja.

Ahora, el Ayuntamiento, como acusación particular, tendrá que decidir qué hace con respecto a ambos funcionarios a la hora de formular las correspondientes acusaciones, que es lo que toca ahora. También el fiscal, que por cierto no era partidario de incluir en la causa penal como investigados al interventor y la tesorera y hasta recurrió el primer auto de la jueza en este sentido.

Con todo, esta semana se ha dado un paso decisivo para concluir de una vez el vergonzoso capítulo del robo de la caja. La instrucción se ha cerrado al fin. Y previsiblemente pronto se fijará la fecha del juicio.