El Gobierno municipal ha iniciado el trámite de expropiación forzosa de la finca número 2 de la calle Real -la antigua sede de la Cruz Roja- ante su alarmante deterioro y su preocupante estado de conservación, que se ha agravado en las últimas semanas a causa de los temporales de lluvia que han originado a su vez nuevos derrumbes.

El perímetro del inmueble, protegido con vallas desde septiembre de 2012, ha sido ampliado hasta ocupar buena parte de la vía, lo que resulta notorio en la parte que da a la céntrica calle Real. La orden parte del área de Desarrollo de la Ciudad, que ha mostrado su inquietud ante el estado de la finca, una propiedad privada que está en manos de una empresa inmobiliaria a la que desde hace tiempo viene reclamándole sin resultado por la vía administrativa órdenes de ejecución (primero, por ornato y, posteriormente, por razones de seguridad).

Teme que pueda venirse abajo en cualquier momento. Sobre todo, después de que parte de las cubiertas cedieran con las últimas lluvias. No obstante, el delegado general de este área, el concejal del PP Ángel Martínez, ha afirmado que los primeros informes técnicos que maneja el Ayuntamiento -de hace días- son "tranquilizadores". Es decir, que el inmueble, aparentemente, no está tan mal como se creía en un primer momento. Pero requiere a todas luces de una intervención urgente, reconoce.

Por eso, y ante la complejidad de los trámites administrativos en curso, ha optado por emprender el trámite de expropiación forzosa de la finca, que además cuenta con un nivel 2 de protección -el más elevado después de iglesias y monumentos históricos- en el catálogo del Plan Especial de Protección y Reforma Interior del Casco Histórico (Peprich).

Paralelamente, explicó Martínez, el área municipal de Desarrollo de la Ciudad trabaja otra línea con el propósito de garantizar la seguridad: la ejecución subsidiaria de las obras de consolidación. Es decir, que el Ayuntamiento acometería los trabajos que hicieran falta para evitar derrumbes y pasaría posteriormente la factura a la propiedad del inmueble con sus respectivas sanciones. Para ello, hay que elaborar previamente un informe técnico. Hace falta un dictamen en el que los especialistas indiquen qué medidas hay que adoptar. Y en eso es lo que se está trabajando ahora, según explicó a este periódico el delegado de Desarrollo de la Ciudad.

Inicialmente, se planteó la colocación de una tela metálica de protección para evitar que la caída de cascotes o cornisas al suelo pudieran ocasionar daños. Pero dicha medida -presupuestada en más de 20.000 euros- ha sido descartada. Aunque el estado de la finca no es alarmante -reitera Ángel Martínez- requiere de una actuación más contundente.

Al no hacer caso a los requerimientos municipales, desde Desarrollo de la Ciudad se ha sancionado a la titularidad del inmueble con dos multas de 2.500 euros cada una de ellas. El proceso administrativo sigue. El propio delegado reconoce que es un trámite bastante arduo y de ahí que, al no haber respuesta por parte de los propietarios, haya decidido recurrir a la ejecución subsidiaria y al trámite de expropiación forzosa de la finca.

La promotora dueña del inmueble está domiciliada en Sevilla. La empresa se ha visto afectada por la crisis económica y, aunque la sociedad como tal no ha llegado a desaparecer, su sede social está inactiva, por lo que los requerimientos realizados eran devueltos. Ello obligó a su publicación oficial a través del Boletín Oficial de la Provincia. Otro trámite con sus plazos que ha demorado los pasos siguientes. Finalmente, y a través de la entidad bancaria que tiene la hipoteca del inmueble, se consiguió identificar a uno de los administradores. Sin embargo, las gestiones para el arreglo de la finca no han llegado nunca a buen puerto.