San Fernando | Pruebas dinámicas

Objetivo: frenar al tranvía

  • Plataforma 3R anuncia que pedirá la paralización del proyecto como medida cautelar ante la Audiencia Nacional 

  • Señalan a todos los responsables, incluidos funcionarios públicos, de la situación "ilegal" del proyecto y de sus riesgos "para que no puedan aducir desconocimiento" 

Expropiados del tranvía junto a los miembros de Plataforma 3R, en la calle Real. Expropiados del tranvía junto a los miembros de Plataforma 3R, en la calle Real.

Expropiados del tranvía junto a los miembros de Plataforma 3R, en la calle Real. / Diario de Cádiz (San Fernando)

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El objetivo es frenar el tranvía. Expropiados de la manzana de Montañeses de la Isla, la plataforma Sentencia Tranvía y la formación política a la que dio pie, Plataforma 3R, han confirmado que harán todo lo posible y que echarán mano a todos los recursos administrativos y judiciales que estén a su alcance para encajar "en la legalidad" el polémico proyecto. 

Creen que es el momento de empezar a pedir responsabilidades a todos los que han impulsado la puesta en marcha del tren-tranvía. Y aseguran que si el lunes -como está previsto- las pruebas llegan a La Isla formalizarán automáticamente una denuncia a la sala de lo penal de la Audiencia Nacional. "Y pediremos medidas cautelares", afirma Juan José Fornell.

Se refiere, claro está, a que solicitarán la paralización absoluta de las pruebas previas a la puesta en funcionamiento de este medio de transporte, lo que -de admitirse- podría ser una estocada definitiva para un proyecto que arrastra ya demasiados achaques y retrasos, que tiene que arrancar antes del 31 de marzo y cuya puesta en marcha podría también quedar a merced del cambio de gobierno en la Junta de Andalucía, toda vez que tanto PP como Cs se han mostrado reacios al tranvía. 

Los argumentos que esgrime el movimiento antitranvía son, en gran medida, los mismos que lleva utilizando en los últimos años. Primero, el tranvía "es ilegal". El proyecto es "completamente nulo" tras la doble sentencia firme del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que propiciaron las expropiaciones de la manzana de Montañeses de La Isla. 

En segundo lugar, advierten, la calle Real sigue siendo titularidad del Estado ya que nunca -asegura- se llegó a formalizar la recepción de la antigua travesía de la N-IV. "Es de la Dirección General de Carreteras", una administración que no ha autorizado el paso del tranvía ni las pruebas que ahora van a llevarse a cabo. 

Pero sobre todo -aseguran- que supone un peligro para la seguridad colectiva. "Esto va a ser un paso a nivel de cuatro kilómetros", asegura Carmen Ortiz. "Pasa por delante de varios colegios y no hay garantías de seguridad". Se teme también el efecto que causará el paso del tranvía en numerosos edificios de la ciudad, especialmente en aquellos que se encuentran en peor estado de conservación como la Casa Lazaga o la antigua sede de la Cruz Roja, ambos -por cierto- de titularidad municipal.

"En las pruebas de 2017, por dos veces se cayeron las cristaleras del Centro de Congresos. Y es un edificio recientemente rehabilitado", alertan al advertir del efecto de "fatiga" que causará el tranvía una vez se ponga en marcha el tranvía en un elevado número de inmuebles del centro. Es una de los principales argumentos que utilizan para solicitar la adopción de medidas cautelares a la Audiencia Nacional. 

Critican además la fecha escogida finalmente para la realización de las pruebas "con un gobierno andaluz en funciones y en plena campaña de Navidad". 

Pero además, en los últimos días, desde Plataforma 3R se han dedicado a alertar de esta situación a todos aquellos que, con nombres o apellidos, consideran que pueden tener algún tipo de responsabilidad, para advertirles -señalan- de los riesgos que entraña el paso del tranvía y de la situación "ilegal" en la que se encuentra el proyecto antes de que, insisten, ocurra algo una vez que el tranvía empiece a pasearse por San Fernando. 

La relación es extensa: el secretario de Infraestructura de Fomento, el presidente de la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria, el subdirector general de los Fondos FEDER en España, el subdelegado del Gobierno en Cádiz, el delegado territorial de Endesa, la alcaldesa -a la que se le ha remitido un burofax- y a varios funcionarios públicos, entre ellos, la secretaria del Ayuntamiento, el jefe de Planeaiento, el jefe de servicio de Edificios Públicos, el jefe de la Policía Local y el jefe de Protección Civil. Una "relación nominal" en la que advierten -y señalan- a todos estos responsables "para que no puedan aducir desconocimiento"

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