Hazte Oír denuncia al Ayuntamiento por echar a un cámara del pleno

Hazte Oír ha emprendido acciones legales contra el Ayuntamiento de San Fernando tras la expulsión sin motivo durante el último pleno ordinario de un cámara que trabajaba para el periódico digital Actuall, que edita este mismo colectivo. El portavoz de la asociación en San Fernando, Pedro Mejías, interpuso ayer una denuncia contra el Consistorio por lo que considera "un auténtico atropello de la libertad de información" que, paradójicamente, se da en la ciudad que lleva a gala ser la cuna de la libertad de prensa.

El citado cámara fue a cubrir la sesión plenaria ante la moción en apoyo a los colectivos LGTBI y en contra del polémico "bus de la libertad", fletado por Hazte Oír. Previamente, explica Mejías, desde la dirección del periódico digital se pusieron en contacto con el gabinete de prensa del Ayuntamiento para preguntarle si hacía falta acreditarse, cosa que -le advirtieron- no era necesaria. No obstante, señala, a los pocos minutos de comenzar el pleno la Policía Local le pidió que se identificara y le instó a que abandonara la sesión al no estar autorizado para ello. Según el portavoz de Hazte Oír en San Fernando, "fue una orden directa de Patricia Cavada", que dictó al percatarse de la presencia de este operador de cámara. En la sesión, de hecho, había otros medios trabajando sin problemas y sin solicitar acreditación al Ayuntamiento puesto que hasta ahora nunca se ha requerido para cubrir este debate, que es público. También, entre los asistentes, había ciudadanos que grababan con el móvil y hacían fotos y a los que en ningún momento se les impidió que lo hicieran.

"A esta alcaldesa no le gusta que los demás piensen distinto. Confunde La Isla con La Habana o con Caracas y su Alcaldía con una dictadura bananera donde se puede hacer lo que el socialista de turno dicte", ha afirmado Pedro Mejías al dar a conocer la denuncia puesta contra el Ayuntamiento por vulnerar la libertad de expresión.

Desde el gobierno municipal, se aludía a un "mero aspecto organizativo" para el desalojo del cámara. "Estamos hablando de un lugar público pequeño, que por las circunstancias usamos para los plenos; en el que cuando se observa que hay una persona ocupando el espacio para los medios de comunicación entendemos que hay que solicitarle si dispone de una credencial. Salvo que la presente se le invita a que desaloje el espacio", explica el concejal de Presidencia, Conrado Rodríguez, sobre las razones para impedir que grabara. El edil hacía referencia al hecho de que no se tratara de una de las personas habituales que cubren los plenos para los medios de comunicación para requerirle la identificación. "No se trata de restringir ni mucho menos el derecho a la información", quiso dejar claro.