Así, tirando del hilo, el PSOE local ha hecho crecer un ovillo que ayer intentó desenredar ante los medios de comunicación. Un ovillo que comenzó a crearse hace justo un año, cuando el concejal socialista Fernando León denunció irregularidades en el servicio municipal de limpieza del alcantarillado, que pasaban, así lo apuntó en aquel momento, por una dejación de funciones en el cumplimiento de su contrato.

La Unión Temporal de Empresas (UTE) adjudicataria de esta actuación, Mantenimientos Públicos Locales (80%) y Ansareo (20%) fueron puestas entonces en el punto de mira del PSOE, el cual, en el pleno de febrero, pidió que se realizara una comisión de investigación al respecto. La propuesta fue rechazada por el bipartito entonces y la decisión se tomó poco después: presentar el caso ante la Fiscalía, una decisión sobre la que los socialistas han guardado un celoso silencio que ayer tanto León, como el portavoz socialista, Fernando López Gil, rompían por primera vez. Porque la historia, de la que ya se han escrito no pocos capítulos, alcanza justo ahora el clímax, ése que sólo se entiende si se ha leído la novela desde el principio.

Varias fueran las novedades que anunciaron. La primera y principal, aunque más alejada en el tiempo, que la Fiscalía había admitido a trámite su denuncia el pasado mes de mayo. La segunda, la admisión también de nuevos documentos el 18 de agosto, que, a juicio de los socialistas, aportan información clave para el esclarecimiento de los hechos. Entre ellos, una declaración de los seis trabajadores de la UTE -pertenecientes a la empresa Mantenimientos Públicos Locales-, contratados en exclusiva para trabajar en los servicios municipales. En ella explican, literalmente, que han sido coaccionados por su empresa "para realizar servicios privados en horario municipal falseando datos en la facturas tales como el vehículo y el operario que no ha realizado el servicio y duplicando las facturas para el Ayuntamiento con los datos correctos".

Porque esta empresa, como cualquier otra, dedicaba una parte de sus trabajadores a la actividad privada y otra parte -ésta en exclusiva, según la plica de la concesión- a trabajar para esta administración pública. Y hasta aquí todo sería correcto, apuntaban los socialistas, si la empresa hubiera mantenido completamente separadas ambas actividades, la pública y la privada.

Pero no ha sido así, a la luz de esta declaración. Los trabajadores de la empresa destinados a la UTE, en el horario acordado con el Ayuntamiento y con el material y vehículos correspondientes al servicio público, afirman haber atendido peticiones procedentes de titulares privados, a los que les han cobrado el servicio prestado con unas facturas a nombre de la empresa en las que figuraban los datos de otros compañeros destinado a la actividad privada-ya que ellos no podíann figurar porque, según la plica, sólo pueden trabajar para el Ayuntamiento-. Incluso las firmas de estos compañeros aparecen falsificadas en estas facturas. Poco después, este mismo servicio se facturaba también al Ayuntamiento, ésta vez con sus datos, de tal manera que una misma actividad se cobraba dos veces, una del bolsillo del solicitante y otra procedente de las arcas municipales.

Las estimaciones que realiza el PSOE al respecto arrojan una cuantía económica bastante elevada, en torno a los 600.000 euros, sólo entre 2005 y 2007. Esta cifra es la resultante del desfase entre la cantidad que el Ayuntamiento isleño dice que ha pagado a la empresa en este periodo y lo que la empresa declara que ha recibido por estos servicios. "En el camino la empresa había perdido 600.000 euros", matizaba ayer León, "y nosotros nos preguntábamos donde estaba ese dinero". El PSOE, incidía León, ha puesto en conocimiento de la Agencia Tributaria el desfase de estos tres años, pero la cuantía ha podido ir creciendo hasta la fecha de hoy, tal como certificaban los socialistas al mostrar facturas falseadas hasta de enero de 2009.

Y lo más grave, apuntaba por su parte López, es que esta UTE sigue a día de hoy prestando servicio al Ayuntamiento, aún cuando la prórroga del contrato -llevan cuatro trabajando- expiró en febrero de este año. "Y no contentos con eso, incluso algunas de las actuaciones del Fondo Estatal han recaído en sus manos", concluía.

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