Aunque el Obispado de Cádiz optó inicialmente por no hacer comentarios con respecto a la orden de desahucio que afecta al matrimonio que trabajó para el convento de las Capuchinas, en San Fernando, al estar el proceso judicial abierto y pendiente del juicio que se celebrará el próximo día 18, sí ha querido aclarar algunas cuestiones a la luz de la versión que ha trascendido en diferentes medios de comunicación en los últimos días. 

En primer lugar, explica, la vivienda en cuestión que sirve de residencia a la pareja, así como las otras dos que existen en la finca colindante al convento, están fuera del convenio urbanístico para el desarrollo de los terrenos de las Capuchinas que se ha suscrito con el Ayuntamiento de San Fernando, con el que se ha querido relacionar el desahucio. 

De hecho, continúa, se trata de fincas registrales diferentes -aunque están incluidas en una misma parcela catastral- y la de las viviendas es titularidad de la Iglesia Mayor Parroquial, que les da uso como alojamiento para sacerdotes. Una de ellas, no obstante, estaba cedida a la comunidad de las capuchinas para el portero por su proximidad al convento durante los años en los que estuvo activo.  

En todo caso, insiste, la vivienda en cuestión está fuera del convenio y de los desarrollos urbanos que se prevén acometer en esta zona próxima al centro de La Isla. Y el proceso de desahucio se inicia en 2017, mucho antes de que se hubiese planteado cualquier operación en este sentido, que se ha fraguado en el último año y medio. Rechaza, por tanto, que se relacionen ambas cuestiones dado que la finca de las viviendas no se verá afectada por los futuros desarrollos. 

Por otro lado, desde el Obispado se ha querido señalar también que sí hubo un intento de negociación con el matrimonio tras el cierre del convento, al que se le ofreció la posibilidad de un arrendamiento "en condiciones ventajosas", una oferta que ellos declinaron, razón por la que se inició el proceso de desahucio -hace siete años- que ahora llega a juicio. 

También se ha subrayado que el cierre del convento de las Capuchinas se acomete en 2017 ante la falta de vocaciones y la avanzada edad de las cuatro religiosas que lo habitaban y se ha recordado que, en todo caso, esa decisión no depende del obispo de la Diócesis sino de la Santa Sede.