Ante la vista previa que el Tribunal de Cuentas ha fijado para el próximo día 23 de enero, el funcionario Clemente Ruiz -el principal imputado por el caso en la vía penal- ha solicitado la suspensión del proceso contable iniciado a raíz del robo de 7,8 millones de euros de la caja municipal que fue detectado en abril de 2009.

Clemente, para el que el Ayuntamiento pide responsabilidades directas por el alcance millonario detectado en las arcas municipales, apela al procedimiento penal que se sigue en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número dos de San Fernando por estos mismos hechos y pide que se paralice el juicio contable a la espera de la correspondiente resolución que aporte la vía penal.

Su defensa alude a una cuestión prejudicial penal que fundamenta en la aplicación de los artículos 16.c y 18.2 de la Ley Orgánica 2/1982 del Tribunal de Cuentas, según los cuales tiene vedado entrar a prejuzgar los hechos constitutivos de delito o falta.

El funcionario de la caja, supuesto autor material del robo millonario y principal objetivo de las investigaciones policiales que se han llevado a cabo al respecto, niega tajantamente cualquier tipo de relación con la desaparición del dinero y achaca responsabilidades a los claveros -tesoreros, interventores y alcaldes- e, incluso, al resto de compañeros de trabajo adscritos al área de Tesorería, quienes, según su versión de los hechos, tenían a su cargo la elaboración de los arqueos diarios y la fiscalización de la caja.

De hecho, en el escrito de contestación de la demanda que el Ayuntamiento presentó ante el Tribunal de Cuentas en el pasado mes de septiembre, Clemente manifiesta su extrañeza al respecto. "No llegamos a comprender cómo no se ha considerado responsables contables directos al tesorero/-a, interventor y al alcalde", sostiene. También apunta a la posible responsabilidad de las dos funcionarias que trabajaban con él en Tesorería.

Los argumentos que expone el principal imputado -que incluso ha estado 20 meses en prisión preventiva, desde noviembre de 2009 hasta julio de 2011- insisten en las declaraciones en torno al robo de la caja que ha efectuado con anterioridad y que intentan implicar a los claveros, a los que tenían la responsabilidad de la firma. De ellos asegura que conocían la diferencia de saldo que existía en la caja y de la que, diariamente, se les ponía al tanto.

"Los cajeros informaban diariamente con el cuadre de la caja de la falta de justificiación del dinero que manejaba el propio tesorero", afirma. "No es cierto que no se hayan detectado diferencias, sobre todo cuando dichas diferencias no existen a la vista del tesorero, quien informaba tanto a Clemente como al resto de los funcionarios de que en breve dichas justificaciones se producirían", continúa.

Los funcionarios que trabajaban en la caja -insiste- no tenían que conciliar esas diferencias, porque esta tarea es obligación del tesorero. "Cuando se realizaban los correspondientes arqueos, los cajeros se limitaban a contar el dinero en efectivo y dejar claro las existencias, hecho éste que se producía diariamente tanto en las hojas de caja como en las actas de arqueo", un trabajo que realizaba otra funcionaria de Tesorería.

Esta compañera de trabajo -según el principal imputado por el robo- era la que se encargaba de comprobar todo lo que la caja realizaba diariamente para poder hacer las actas de arqueos diarios, "siendo estos los únicos arquoeos diarios reconocidos desde hacía más de 29 años que reunían todos los requisitos exigidos, se firmaban debidamente por los tres claveros, se encuadernaban y se archivaban".

Son los libros auxiliares de actas de arqueo cuya omisión denuncia el Tribunal de Cuentas en la instrucción del procedimiento de reintegro por alcance y que, según Clemente, "han desaparecido para tratar de crear la confusión".

"Se puede comprobar como todos los años anteriores a 2002 dichas actas se hacían y se firmaban debidamente por los tres claveros. Es paradójico que, cuando toma posesión del cargo de tesorero José Antonio López, empezasen las diferencias y sobre todo que no aparezcan documentos tan importantes como las actas de arqueo", recoge la contestación que se ha incorporado a los autos, en la que Clemente intenta implicar directamente a sus superiores.

Por otro lado, la portavoz socialista Patricia Cavada manifestó ayer su profundo malestar contra el Gobierno municipal tras conocer a través de los medios de comunicación los últimos avances del proceso contable que dirime el Tribunal de Cuentas.El PSOE ha exigido la convocatoria de un Consejo de Participación Ciudadana.