Hace justo una década que el Ayuntamiento de Puerto Real y la Zona Franca de Cádiz firmaron un convenio para una actuación de ambas instituciones en los terrenos del Campo de Fútbol Sancho Dávila, y solo hay que pasar por la zona para darse cuenta de que nada ha quedado de aquella intención.

Fue el 28 de octubre de 2011, cuando la entonces alcaldesa del extinto Partido Andalucista, Maribel Peinado, y el representante en ese momento de la Zona Franca, José de Mier, firmaron el acuerdo. Fue posible después de que en agosto de 2011 el Puerto Real Club de Fútbol abandonase definitivamente las instalaciones y se procediese al derribo de la tribuna. Unos trabajos que hacían ver que el proyecto iba en serio. Nada más lejos de la realidad. 

Según el convenio, la Zona Franca, por un lado, desarrollaría un edificio comercial de 7.200 metros cuadrados de superficie y un aparcamiento subterráneo apto para aproximadamente un total de 400 plazas. El Consorcio invertiría en su parte del convenio más de 9 millones de euros. 

Por su parte, la Empresa Pública de Suelo y Vivienda (Epsuvi), se encargaría de la urbanización de la unidad y de la promoción de las 236 viviendas (VPO) que la normativa urbanística permitía entonces construir. Las especificaciones de esa actuación iban a ser las que estableciesen el volumen total de la inversión municipal. La EPSUVI realizó incluso el estudio de detalle de la parcela porque se pretendía que el proyecto saliese adelante “cuanto antes”. 

Peinado y De Mier, visitan el Sancho Dávila tras firmar el acuerdo, en octubre de 2011

Uno de los motivos de la premura era el acuerdo que firmó el Consistorio de la Villa con el Puerto  Real  CF para que desalojara el Sancho  Dávila, que implicaba el compromiso escrito del Ayuntamiento y la empresa pública de destinar todos los recursos que se obtuvieran de la promoción inmobiliaria de la parcela a la construcción del nuevo campo de fútbol. Y es que, hay que recordar, que el propietario de la parcela era la entidad deportiva. 

La firma con Zona Franca fue posible después de que en agosto de 2011 el Ayuntamiento tuviese un acercamiento con el Puerto Real Club de Fútbol tras varios años sin solución, debido a la fallida estrategia de la zona  de Entrevías, donde estaban vinculadas todas las operaciones financieras relacionadas con el Puerto  Real  C. F.   

Se firmó un nuevo convenio con el Club, que ratificaba el que se rubricó con el ex Alcalde, José Antonio Barroso, por el que se pretendía construir el nuevo estadio en Entrevías, contra certificaciones de obras que el Ayuntamiento iría pagando. Además, el acuerdo contemplaba una inyección económica de nueve millones de euros para el club. Pero ese también fue un proyecto fallido. Los convenios de venta y permuta del terreno de juego, firmados por el club y la Epsuvi el 29 de junio de 2006 y 27 de julio de 2007, tampoco se cumplieron. Y dos años después de la firma, la directiva del Puerto Real empezó a ponerse nerviosa y a reclamar lo que era suyo. Se anunciaron demandas y se reclamó la devolución del campo. También empezaron las primeras protestas, con encierros de la plantilla de jugadores en el vestuario. Era el principio de un largo peregrinar que provocó la dimisión de Antonio Bohórquez, según dijo entonces, “por cuestiones médicas”. 

El abandonado Sancho Dávila tras una limpieza de emergencia por la acumulación de basura

Así, el Ayuntamiento vio una nueva oportunidad para reconducir la situación. Con Bohórquez fuera del Club, se dieron los pasos para firmar un nuevo acuerdo, en este caso con Victoriano Cordera ocupando la directiva de la entidad deportiva. En ese acuerdo, el club renunciaba a la construcción del nuevo campo de fútbol en Entrevías y el Ayuntamiento se haría cargo de la construcción de un campo “más modesto”, en otro lugar. Mientras tanto, el Ayuntamiento compensaría al club, para su proyecto deportivo, mientras no se ejecutase su construcción. Esa infraestructura sería "cedida" al club (entonces se hablé de 100 años), pero sólo "de forma simbólica" ya que la titularidad sería municipal. Incluso se llegó a señalar una parcela en la zona de Las Canteras, en un espacio de situado junto al Centro de Autismo Cádiz. 

Este nuevo convenio liberaba a la empresa municipal del pago de casi 9,5 millones de euros a cambio de un pago inicial de 150.000 euros y una indemnización anual de 100.000 euros hasta la construcción del nuevo campo de fútbol, que nunca se llevó a cabo. El convenio fue denunciado por Bohórquez  al Juzgado de lo Mercantil por un presunto delito de falsedad documental. 

Antonio Bohórquez, presidente del Puerto Real CF

Como se sabe, el proyecto no salió adelante. Ni viviendas, ni edificio singular ni aparcamiento subterráneo. El julio de 2016, cuando se cumplían diez años del primer acuerdo entre el Puerto Real y el Ayuntamiento, la entidad deportiva no tenía ni campo ni dinero, y su presidente, de nuevo Antonio Bohórquez, dio otro golpe en la mesa.

Desde entonces, Bohórquez se ha enfrentado a todas las corporaciones municipales. La dinámica ha sido similar: buena sintonía, compromiso de firmar nuevos convenios e incluso la firma de nuevos acuerdos siempre seguidos de incumplimientos y más encontronazos. 

La falta de respuestas por parte del Ayuntamiento al pago de esta deuda llevó al Club a interponer la demanda judicial pertinente, materializada en febrero del 2018, que está pendiente de resolución.