Para el Ayuntamiento de Puerto Real, según su responsable de Economía y Hacienda, Rufino Morillo, la decisión del Tribunal Constitucional de anular el Impuesto sobre plusvalía es “un impacto considerable que perjudica los servicios que como administración local estamos obligados a prestar”. De media, en el municipio puertorrealeño, estos ingresos ascienden a 754.000 euros anuales, según las últimas tres anualidades. Esta cantidad supone algo más de 2% de los ingresos previstos en la localidad, según las cifras calculadas en el presupuesto municipal aprobado recientemente.

“De momento estamos parados, no tenemos otra alternativa. Estamos a la espera del devenir de todo el proceso porque el Ministerio de Hacienda ya ha encargado un estudio sobre la forma de volver a calcular la liquidación resultante de este impuesto”, explica Morillo.

El edil socialista confía en que la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), así como la andaluza (FAMP) “se pongan las pilas para buscar una financiación alternativa para los ayuntamientos porque esta no se puede perder”.