Manuel García, ex alcalde socialista de Chipiona, declarará el próximo lunes en el Juzgado de Instrucción de Sanlúcar por el caso 'Lan Party', un investigación abierta para esclarecer dónde fue a parar una subvención de 3.500 euros que el Consistorio chipionero recibió en 2010 de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para acoger en la localidad un evento informático que nunca llegó a celebrarse.

Además del ex regidor de Chipiona, el lunes prestarán declaración en sede judicial su asesor, José María Marín, y la que era delegada de Hacienda en el Ayuntamiento a la fecha de los hechos y actual portavoz del PSOE local, María Dolores Naval.

Todos ellos, junto al resto de implicados -entre los que se encuentran el ex concejal de Juventud, José Ignacio Martínez, y la antigua Secretaria del Consistorio, María Luisa González-, están siendo investigados por los delitos de falsedad en documento oficial, prevaricación, malversación y fraude de subvenciones, en tanto que desde la administración local se presentaron informes, certificados y facturas falseados con objeto de justificar la subvención recibida para la organización del Lan Party cuando, en realidad, dicho evento no llegó a ver la luz en la localidad en 2010 (si bien sí se celebró en su edición de 2008).

En concreto, el ejecutivo local adjuntó al procedimiento unos expedientes donde se detallaba un número concreto de operarios que habían trabajado en la puesta en marcha del festival así como el total de horas por las que fueron empleados. El Consistorio también aportó un certificado en el que se aseguraba que la cita en cuestión había sido publicitado.

Las pesquisas realizadas por la Guardia Civil y la Fiscalía apuntan, sin embrago, hacia la falsedad de tales documentos, que no tenían otro fin que respaldar de manera mendaz la concesión de una ayuda pública, cuyo destino final aún no ha podido determinarse.

Durante la semana pasada también prestaron declaración en los juzgados de Sanlúcar varios de los imputados en esta causa. Según las fuentes consultadas, José Ignacio Martínez, el ex edil de Juventud al que se investiga por tramitar supuestamente la polémica subvención, se negó a testificar. Otras dos funcionarias del Ayuntamiento sólo han contestado a las preguntas de sus respectivos abogados, ni al juez ni al fiscal. Sí ofrecieron su versión de los hechos tanto una trabajadora de la Delegación de Juventud como María Luisa González, secretaria accidental del Ayuntamiento de Chipiona a la fecha de los hechos.

En el caso 'Lan Party' sólo hay una única acusación, la de la Fiscalía. Al menos por ahora. La Federación Española de Municipios y Provincias, principal perjudicada, no se ha personado en la causa de momento. El PP ha intentado ejercer la acusación popular y, si bien ha pagado la fianza estipulada para ello, ha tenido un problema con los poderes, de manera no está presente en procedimiento. Aún así, ha presentado un recurso en la Audiencia de Cádiz para ser parte acusadora en este litigio.