El Juzgado ha suspendido cautelarmente el proceso de consolidación del empleo que puso en marcha la Diputación para hacer fijos 261 puestos de trabajo que se venían ocupando desde 2005 o antes. El Contencioso Administrativo número 4 ha aceptado el recurso del Partido Popular, ahora en el gobierno de la institución provincial, y de momento, ha interpuesto medidas cautelares contra el proceso, suspendiéndolo temporalmente a la espera de la resolución final que sentencie sobre el recursos y las alegaciones. Esta es la segunda vez que un juzgado interpone estas medidas contra el plan, que lo deja de nuevo en el aire, según confirmaron distintas fuentes sindicales y del Partido Popular, cuando estaba sólo a falta de publicar las fechas de los distintos exámenes para las distintas plazas convocadas .

La vicepresidenta y portavoz del nuevo gobierno del PP en la institución, Mercedes Colombo, manifestó ayer que la decisión demuestra que su partido "tenía razón" en las críticas y denuncias contra el proceso. Por eso, acatarán el auto de medidas cautelares y ahora lo que toca es "seguir estudiando de qué manera solventarlo" para buscar la mejor solución. El presidente, José Loaiza, ya comunicó en su día en una entrevista a este medio, que iban a mantener su acusación contra este plan "por coherencia". "Luego, si tenemos que hacer un periodo de consolidación de otro tipo lo haremos, pero con claridad. Yo no tengo interés en que alguien se vaya de la Diputación o que una persona consolide su plaza, pero sí quiero que el procedimiento sea como tiene que ser, que es como dice la Constitución", manifestó Loaiza en la misma entrevista. El presidente también dijo que no es momento de engordar las administraciones y que si hubiera que meter a más gente "preferiría que los tribunales (de las pruebas) fueran externos".

El proceso de consolidación de empleo de la Diputación y que pretende fijar 261 plazas ocupadas desde hace más de seis años no termina de llegar a su final. En las últimas semanas, después de las elecciones municipales, ya se habían publicado en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) las listas definitivas de los admitidos a la convocatoria y la constitución de los tribunales para las pruebas de las distintas plazas. De hecho, sólo estaba a falta de que se conociese el lugar , hora y fecha de los exámenes a realizar por los aspirantes, pero eso, de momento tendrá que esperar por su suspensión temporal hasta que haya resolución.

El plan ya fue modificado en octubre del año pasado tras la denuncia también del grupo popular y su portavoz. El mismo juzgado suspendió el proceso al tumbar una de las bases del mismo, justamente una memoria que tenían que realizar los aspirantes porque "no garantizaba los principios de mérito y capacidad que consagra la Constitución". El gobierno socialista y los sindicatos, que habían aprobado por unanimidad este procedimiento en una mesa de negociación, cambiaron esta prueba por otra, acatando la sentencia, pero aún así, el PP interpuso un nuevo recurso el 26 de enero de este año. Y ahora el juzgado le da la razón en las medidas cautelares solicitadas. El sindicato CSIF también había denunciado el plan, pero el juzgado archivó su denuncia.

Y es que este plan ha sido desde el principio tema de encontronazo entre socialistas y populares, unos siempre defendiendo la legalidad del mismo, y otros lo contrario. El Partido Popular habló en su día de "enchufismo" e incluso acusó al PSOE de "hacer trampas" porque con el proceso lo que quería era "perpetuar a los que entraron a dedo". Los socialistas y los sindicatos, salvo CSIF, siempre lo han defendido, destacando el compromiso adquirido con los trabajadores para consolidar el empleo de personas que llevaban más de 20 años en un puesto sin plaza. Francisco González Cabaña, ya portavoz del PSOE en la Diputación y anterior presidente, advirtió a Loaiza que tendrá que demostrar todas estas acusaciones. "Desconozco la afiliación, el cariño o la simpatía política de 261 trabajadores porque el plan es correcto salvo en 0.01%", dijo Cabaña en su día, cuando se dio a conocer la sentencia que obligaba a modificar sólo una de las distintas bases del procedimiento.

Desde el Partido Popular ya se ha lanzado en varias ocasiones mensajes de tranquilidad para los funcionarios de la Diputación Provincial, afirmando que no peligrará ningún puesto de trabajo en la institución. Se ha escrito mucho sobre eso desde que el PP ganó las elecciones. A pesar de que estudia eliminar algunos organismos autónomos, el nuevo presidente ha insistido por activa y por pasiva que no recortará empleos.