Desde el pasado 1 de junio todas las demandas de la provincia sobre condiciones generales de la contratación deben presentarse en el Juzgado de Primera Instancia número 2 de Cádiz, que tiene que asumir esta competencia en exclusiva tras el acuerdo adoptado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Una propuesta que no ha sido muy bien acogida por la judicatura.

-¿Hay novedades que afecten a la medida del CGPJ?

Se ha barajado como posibilidad que el juzgado bis se ubique en el edificio Proserpina de la capital gaditana"

-No tenemos confirmación oficial, pero los sindicatos nos aseguran que la Junta de Andalucía está manteniendo ya reuniones para organizar el funcionamiento del juzgado bis, el que se especializará en la tramitación de demandas sobre condiciones generales de la contratación en la provincia. No hay un plazo establecido, pero sabemos que la idea es ponerlo en marcha lo antes posible y con un refuerzo de plantilla de cuatro funcionarios.

-¿Este juzgado bis se ubicaría en San José, en Cádiz capital?

-En el edificio de Los Balbos no hay espacio. Se ha barajado como posibilidad que se utilice a tal efecto una sala del edificio Proserpina, donde se encuentran los juzgados de lo Contencioso-Administrativo. El problema es que allí no hay salas de vistas disponibles, por lo que se está planteando como solución temporal que los juicios se celebren en Los Balbos, en las salas de los Juzgados de Instrucción. Sería complicado desde luego, porque el juzgado tendría una ubicación mientras que los juicios serían en otro emplazamiento.

-¿De qué presupuesto estamos hablando?

-Todo está pendiente de confirmar pero una cosa está clara: esta medida le va a suponer a la Junta de Andalucía un desembolso importante, porque lo que prevé la propuesta de acuerdo del CGPJ es una plantilla de refuerzo con cuatro funcionarios (tres de tramitación y uno de auxilio) por cada 900 asuntos que entren, más un secretario judicial (que ahora se llama LAJ, Letrado de Administración de Justicia) y un juez de refuerzo. El Consejo contempla también que cuando el juzgado tenga una carga superior a los 900 asuntos y hasta los 2.000, la plantilla debe reforzarse con dos jueces y seis funcionarios de tramitación. Y así sucesivamente cada 1.000 asuntos registrados.

-¿Aglutinar todos las demandas de condiciones generales en un único juzgado es un paso atrás?

-En cierta medida sí. Volvemos dos años atrás, cuando el juzgado de lo Mercantil asumía esta misma competencia en exclusiva y quedó totalmente colapsado. Así lo reflejaron los datos. Del 1 de enero de 2015 al 1 de octubre de ese mismo año se presentaron en el Mercantil 1.816 demandas por cláusula suelo. Los señalamientos para estos casos se están fijando todavía para el mes de abril de 2019, cuatro años después.

-Eso es muchísimo tiempo.

-Fue por eso que se acordó por la Ley Orgánica 7/2015 de 21 de julio que a partir del 1 octubre de 2015 las demandas sobre condiciones generales de la contratación debían ser competencia de los Juzgados de Primera Instancia, no exclusivamente de los Mercantiles, lo que mejoró de forma considerable el ritmo resolutivo. El tiempo medio de tramitación actualmente se cifra en la capital gaditana en siete u ocho meses, desde la presentación de la demanda hasta el dictado de la sentencia. Esta medida de protección al consumidor ha dado muy buenos resultados y, sin embargo, sólo ha estado en vigor año y medio.

-Ahora el gran perjudicado es de nuevo el consumidor.

-Así es. No se desprenden grandes ventajas del acuerdo del Consejo al volver a centralizar estos casos en un único órgano judicial. Los tiempos de demora van a aumentar otra vez, sin olvidar que cualquier afectado de la provincia por cláusulas abusivas se verá obligado a desplazarse a Cádiz capital, cuando antes estos asuntos los tramitaba el juzgado del domicilio del demandante, es decir, el juez más cercano al consumidor.

-¿Se está favoreciendo que los afectados por cláusulas abusivas pacten con el banco antes que esperar un largo proceso judicial de cuatro o cinco años?

-Se puede llegar a acuerdos justos entre consumidores y entidades financieras. No obstante, hay casos en los que el afectado puede llegar a perder una cantidad importante de dinero que realmente le corresponde y que renuncie a ella, bien porque necesite que le rebajen la cuota hipotecaria en ese momento, bien porque no pueda ni quiera esperar cinco años a que se celebre el juicio o se dicte sentencia a su favor.

-¿Ha llegado ya esa famosa avalancha de demandas por cláusulas suelo o gastos hipotecarios?

-Las demandas se están presentado aunque de momento, y provisionalmente, están pendiente de reparto en la oficina de Decanato ¿El motivo? Porque no está en funcionamiento ni el juzgado bis ni la aplicación informática necesaria para su reparto. Mi temor es que el Juzgado de Primera Instancia número 2, como juzgado especializado, tenga que asumir la tramitación de estos casos, al menos en estos primeros meses o cuando concluya la medida. El acuerdo del CGPJ no lo deja claro. La incertidumbre es total. No sabemos si habrá que esperar a que se ponga en funcionamiento el juzgado bis o si el Consejo ordenará a que se tramiten los primeros casos en esta sede. Los jueces no creemos que la especialización sea la medida adecuada y así lo hemos manifestado en juntas de jueces. Aún así vamos a hacer todo lo posible para que esta medida funcione, sólo pedimos que se nos dote de los medios personales y materiales necesarios para asumir esta carga de trabajo.

-Bajo su punto de vista, ¿cuál sería una posible solución a todo este asunto?

-Dejar las cosas como estaban.