Hace cinco años que decidieron vivir en la Cala del Sol. Sergio invirtió los ahorros de sus años de servicio en el cuerpo militar; Ramón y Toñi imaginaron paseos al borde de marismas; Carlos tenía claro que era el retiro perfecto de su jubilación; y María del Carmen creyó encontrar el apartamento que le alejaría definitivamente de la insoportable caló sevillana. Fue en 2004 cuando ellos, como otros 330, pusieron sus sueños en manos de la constructora malagueña Aifos. Su mera mención da hoy escalofríos por el procesamiento de su propietario, Jesús Ruiz Casado, dentro del Caso Malaya, y en la Cala del Sol hace tiempo que se hizo de noche.

El ocaso de esta promoción de viviendas en San Fernando es el más sangrante de los que ha provocado la crisis inmobiliaria en la provincia. Primero se congeló la venta de viviendas; luego se tambaleó el tejido empresarial; los bancos y cajas hicieron el resto cancelando líneas de créditos y abocando al abandono y a la quiebra a promotoras, constructoras, subcontratistas, inmobiliarias... el mercado entero se vino abajo. Hace casi dos años que empezó a escribirse esta historia con muchos personajes pero una sola víctima común: el comprador de la vivienda.

Sobre él caen los cascotes de las ruinas de todos los anteriores: si la subcontrata no tiene liquidez, la obra se para; si la constructora entra en procesos judiciales, la obra se para; si la promotora cierra, la obra se para; si los obreros no cobran, la obra se para; si el ayuntamiento no paga a la constructora, la obra se para; si el banco embarga, la obra se para... Y el comprador paga y paga, la entrada y las mensualidades, hasta veinte en el caso de Cala del Sol, porque ante un solo impago, las cláusulas del contrato, bastante elocuentes, auguran demandas y hasta la cancelación fulminante del acuerdo. Por eso se paga religiosamente y se confía en la constructora, en la promotora, en el banco... Incluso si los pagos se realizan sin el correspondiente aval bancario que habría permitido al menos exigir a Aifos la devolución del dinero. "Estamos pagando los platos rotos de Aifos y de Banesto y Unicaja, que concedieron el préstamo y no se preocuparon de vigilar la obra y ahora se han visto con el muerto encima", sostiene uno de los portavoces del colectivo.

La promoción de la Ronda del Estero, que debía haber finalizado en diciembre de 2007, cuenta con dos bloques. El segundo, y más retrasado, fue financiado por Unicaja, que después de meses de espera, cargó contra la constructora e inició una ejecución hipotecaria por valor de 12 millones de euros. El primer bloque, bastante avanzado, contó con el respaldo crediticio de Banesto, que ahora negocia con los más de 200 propietarios la finalización de las viviendas.

La última reunión de la asociación de afectados fue el pasado viernes. Ni Banesto y ni Aifos se personaron a través de algún representante. El banco se ofrece ahora a hacerse cargo de la obra pero a cambio, además de contratar hipotecas con todos los inquilinos, exige un pago extra de entre 10.000 y 25.000 euros por cabeza. Además, la operación debe hacerse rápidamente porque Aifos presentó el Miércoles Santo ante el Juzgado de lo Mercantil de Málaga una solicitud de convenio de acreedores que supondría la paralización definitiva de la obra y un largo proceso judicial de resolución de todas y cada una de las deudas de la constructora. Además, de fondo persiste el riesgo de una serie de embargos sobre Aifos por valor de un millón de euros y la incertidumbre de su repercusión en las viviendas.

Así llevan dos años, pero ahora la situación se ha radicalizado por el nuevo procedimiento mercantil abierto. "Ya no hay negociación, es lo que digan ellos -en referencia a Banesto-", asegura un afectado. El que menos ha abonado ya a Aifos 60.000 euros (entrada y mensualidades) y, según sus cálculos, el monto total que ha ingresado la constructora asciende 18 millones de euros. "Se lo han gastado todo; no sé adónde ha ido el dinero, el nuestro y el que recibieron del banco, porque el arquitecto, que no aparece, firmó incluso certificados de obra que no se habían realizado para cobrar el dinero del banco".

Y ahora Banesto reclama más dinero para la misma obra y sin garantías de que pueda culminarse sin nuevos contratiempos judiciales. Por ahí ya no pasan. "Nos han engañado catorce veces y quieren seguir haciéndolo", sostiene otra afectada. Por eso, tras múltiples prórrogas, infinitas negociaciones y un mar de dudas, han decidido plantar batalla en los tribunales y en la calle con una campaña de movilizaciones frente a la sede de Banesto en San Fernando que comenzará la próxima semana.

Es el último cartucho cuando la sensación de indefensión es "total". "Te quedas con cara de tonto porque tienes la razón y encima de que te roban, parece que nos puedes hacer nada contra el ladrón", aseguran Ramón y Toñi. "Me han jodido la jubilación; compré un ático que valía 230.000 euros y ahora, además de que ya no vale ni 170.000, tenemos que pagar otros veintipico mil más", relata Carlos Meis. "Es una impotencia brutal ante el sistema y la administración", coinciden en señalar varios afectados.

Es una sensación común en estos procesos. David contra Goliat, pero , además, en este caso, la ausencia de un control por parte de las administraciones y la incapacidad de éstas para mediar en los procesos multiplican el vértigo ante el abismo. De hecho, en la actualidad, la Delegación Provincial de Vivienda y Ordenación del Territorio desconoce cuántas obras están paradas o en suspensión temporal en la provincia ni cuáles son sus consecuencias.

Desde la Federación de Empresarios de la Construcción de Cádiz, su presidente, Emilio Corbacho, sostiene que las promociones paralizadas totalmente "son muy pocas". Según Corbacho, esta circunstancia extrema se da sólo cuando la empresa es incapaz de evitar la suspensión de pagos, mientras que en la mayoría de casos, los constructores optan por ralentizar la actividad y avanzar conforme se cobran las deudas y se recupera la liquidez. Además, las mayores dificultades se dan en las subcontratas, que "están ahogadas y no pueden aguantar sin cobrar ni al segundo mes (el periodo habitual es de 180 días)", según coinciden en señalar los responsables del sector de CCOO y UGT.

Sin embargo, la caída de las constructoras es la que siempre provoca el mayor impacto. En la provincia de Cádiz, los casos más importantes han sido los de Fivesur y Jerecom (ambos en Jerez y todavía en concurso de acreedores), Aifos y DHO. Sólo estas dos últimas superan las 700 viviendas en suspenso. Además, DHO tiene el agravante de que son viviendas de protección oficial: cuatro promociones de 311 viviendas en Cádiz -dos de obra nueva (Matadero y Cerro del Moro) y dos de rehabilitación (Casa Lasquetty y Obispo Félix Soto, 14)- y una en el Polígono de Casines de Puerto Real (68 pisos).

Como éstas, también se encuentran paradas las 64 VPO de Las Lomas del Cobre, en Algeciras, que construye Zurcon (bloqueada por el impago de Holding InmobiliarioAlgecireño); y está por ver el futuro de la segunda fase de Piñera Alta, también de Algeciras, adjudicada inicialmente a Aifos. Otras, en cambio, consiguieron salir del atolladero en que se encontraban y, en muchos casos, la fórmula es la cesión del contrato a una nueva empresa, como hizo Construcciones Modroño en la promoción del Camino del Juncal, en El Puerto.

Fuera del ámbito residencial, son escasas las interrupciones de obras. En la actualidad, la más destacada es la del Palacio de Congresos de Jerez, que lleva suspendida desde el pasado otoño por los problemas económicos que atraviesa en este caso la adjudicataria, Sinde Restauraciones.

En términos laborales, el mayor impacto fue el de Jerecom y Fivesur -donde más de cien trabajadores perciben ya un adelanto del sueldo adeudado a través del Fogasa-. Según los sindicatos, "la mayoría de los empresarios cumple" y saldan los débitos con los trabajadores, pero sólo los sueldos, "mientras que se ahorran los pluses y otros pagos que suponen la mitad de la deuda y eso se lo ahorran".