Nadie pudo hacer nada ilegal en el Ayuntamiento de Rota porque sus gobernantes no sabían nada de nada. Esto es, más o menos, lo que se desprende de las declaraciones de ayer en el juicio del caso Uniformes de los cinco ex concejales del PP y de Roteños Unidos que testificaron ante el tribunal de la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial. Por resumir: ninguno de ellos sabía que legalmente estaba prohibido que un concejal contratara con el Ayuntamiento servicios con una empresa a la que estuviera vinculado; ninguno de ellos sabía que Lorenzo Sánchez, una vez que llegó a la Alcaldía de Rota en 2003, seguía teniendo estrechas relaciones con las empresas del sector textil que impulsara años atrás; ninguno sabía que muchas de las contrataciones de suministro que firmó el Ayuntamiento eran a favor de las empresas del hoy ex regidor; y ninguno sabía que otros dos concejales de Roteños Unidos formaban parte del consejo rector de una de esas empresas, en concreto de la cooperativa Coanda.

Si el martes fue el día de los funcionarios, ayer, en la segunda de las nueve sesiones en las que ha sido desglosado el juicio, le tocó el turno a cinco ex concejales que tuvieron responsabilidades de gobierno en el Ayuntamiento roteño en el periodo de tiempo que se está investigando. Ante el tribunal pasaron Eva Corrales (que posteriormente relevaría a Lorenzo Sánchez en la Alcaldía), Juan Antonio Liaño (que llegó a ser vicepresidente de la Diputación), Auxiliadora Delgado, María del Carmen Laynez y Antonio Peña, que en 2011 dejó el Ayuntamiento de Rota para ser investido alcalde de Chipiona.

Todos ellos coincidieron ayer en muchas cosas. Por ejemplo, todos reconocieron que al iniciarse cada mandato corporativo y tomar posesión de sus actas de concejales, firmaban una declaración de bienes ante el secretario general del Ayuntamiento, pero dijeron desconocer que había que declarar si tenían participaciones en sociedades mercantiles (los que las tuvieran).

El Fiscal Anticorrupción, Manuel Luis Arjona, tenía claros los puntos en los que tenía que incidir en su interrogatorio, pero en la mayoría de los casos se encontró con las mismas respuestas. Así, por ejemplo, cuatro de los cinco ex concejales vinieron a decir que desconocían la existencia de una prohibición legal para que una empresa que fuera propiedad de un edil pudiera contratar cualquier tipo de servicio con el Ayuntamiento. Y esos mismos cuatro procesados coincidieron al afirmar que desconocían que los ex concejales de Roteños Unidos Antonio Alcedo y Montemayor Laynez formaran parte del consejo rector de Coanda, la cooperativa que fundara Lorenzo Sánchez, cuando ambos ya tenían responsabilidades en el gobierno municipal de Rota.

La única que se salió un poco de esta línea fue María del Carmen Laynez. La que fuera concejala de Roteños Unidos entre 2003 y 2015 sí sabía que estos tres miembros de su partido (Sánchez, Alcedo y Montemayor Laynez) trabajaban en Coanda "porque habían estado allí toda la vida". Pero precisó que creía que se habían desvinculado de la cooperativa cuando todos entraron a gobernar en 2003 "porque si estábamos en el Ayuntamiento desde por la mañana hasta por la noche, era imposible que cualquiera de nosotros tuviera otras obligaciones", reflexionó.

Otros ni siquiera llegaron a ese extremo. Eva Corrales, Liaño o Antonio Peña, por ejemplo, dijeron que no conocieron a Lorenzo Sánchez hasta que su partido, el PP, cerró el primer pacto de gobierno con Roteños Unidos en 2003. Y que tampoco sabían de sus conexiones empresariales.

Es más, muchos de ellos, en especial Liaño y su esposa Auxiliadora Delgado -que únicamente fue concejala cuatro años- intentaron hacer ver que la relación de ambos con el alcalde fue empeorando con los años y que desde 2007 prácticamente ni se hablan. Era una manera de hacer ver que no podían tener ningún interés especial por beneficiar económicamente a Lorenzo Sánchez.

La Fiscalía mantiene que entre 2003 y 2012 el Ayuntamiento roteño facturó a empresas del entorno del ex regidor (Coanda, Epis Rotasur y, a partir de 2008, Coanda Costuras) por valor de más de 790.500 euros. Y el fiscal preguntó ayer por cómo se aprobaban esos contratos en las comisiones de gobierno y por qué algunos de esos concejales se ausentaban de esas reuniones cuando se iba a tratar esas cuestiones en el orden del día. Pero no hubo grietas entre los cinco declarantes. Así, todos vinieron a decir que esas adjudicaciones salían adelante casi sin debate y que nadie sospechó nada porque los técnicos habían dado previamente todos los parabienes preceptivos a esas operaciones. "Un político está para impulsar la acción de gobierno pero no para corregir los posibles errores de los técnicos", llegó a decir Eva Corrales. Por su parte, Liaño afirmó con contundencia que en las comisiones de gobierno "jamás se aprobó nada que tuviera un informe contrario". Y Antonio Peña precisó que no recibían los expedientes previos de las contrataciones "porque los políticos no somos juristas, ni tampoco somos expertos en contratos".

Pero la imagen que quedó ayer de lo que era una reunión de la comisión de gobierno de Rota en los tiempos del pacto RRUU-PP no fue muy gratificante que digamos. Y es que todos los declarantes vinieron a decir que sí, que Lorenzo Sánchez, Antonio Alcedo y Montemayor Laynez abandonaban esas reuniones en algunos momentos, pero que también ellos hacían lo propio "porque teníamos otras reuniones, teníamos que atender el teléfono, teníamos que ir al servicio o tomábamos un café". O sea, que las asistencias, ausencias, entradas y salidas eran continuas.

El fiscal también incidió en los vales que firmaban algunos concejales para hacer frente a los pagos de algunos suministros de material que empresas proveedoras hacían al Ayuntamiento. Y los ex concejales restaron importancia a este hecho, dijeron que era y sigue siendo algo habitual y reseñaron que eso también se hacía cuando el PSOE gobernó en Rota en el periodo 1999-2003.