El juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Puerto Real ha acordado el sobreseimiento provisional y archivo de la causa contra el ex alcalde de Puerto Real, José Antonio Barroso (IU), y el ex concejal de Hacienda, Jesús Plaza (PA), denunciados por la Fiscalía por desviar fondos de subvenciones de obras del Plan E a otros pagos municipales. El ministerio vio indicios de supuestos delitos prevaricación y fraude en las subvenciones.

El juez entiende que aunque sí hubo ciertas irregularidades en el destino que se dio a unas cantidades con un expreso carácter reservado, ese hecho no integra el supuesto hecho delictivo investigado. El magistrado ha tenido en cuenta el destino público al que fue desviado, el posterior reintegro de esas cantidades y la realización de los proyectos subvencionados. Todo esto, según el juez, evita la apreciación de un ánimo doloso y entiende que el hecho respondía a la difícil situación económica del Ayuntamiento, a criterios de oportunidad política y, en su caso, a "una deficiente e incluso negligente actuación política".

En auto judicial se dice que ni Barroso ni Plaza deben ser sometidos a reproche penal, "sin prejuicio de la responsabilidad que se les pudiera exigir en otros ámbitos, como el político o el contencioso administrativo, como consecuencia de la vulneración de norma específica sobre fondos públicos reservados". Sobre este asunto, Equo Puerto Real, que se personó como acusación popular, ya ha anunciado que no va recurrir puesto que su presencia en el proceso se limitaba a seguirlo de cerca y a tener acceso a la información para, a su vez, poder informar a la ciudadanía de lo que ocurría.

La denuncia se remonta a mayo de 2012, cuando la entonces alcaldesa, Maribel Peinado, presentó una denuncia ante la Fiscalía al considerar que algunas de las subvenciones concedidas al Ayuntamiento para sufragar las obras del Plan E se habían utilizado por el anterior equipo de gobierno (IU y PSOE) para unos fines distintos a los estipulados. El temor del equipo de gobierno del PA era no poder reponer las cantidades desviadas.

Según la documentación entregada a la Fiscalía, el desvío fue ordenado por Barroso en su última etapa como alcalde de Puerto Real y sumaba casi 1,5 millón de euros. Este hecho fue reconocido por el propio Barroso cuando prestó declaración, aludiendo a "la complicada situación financiera y económica del Ayuntamiento, sobre todo con el desplome de su industria y la marcha de Delphi de las instalaciones del polígono El Trocadero". El ex alcalde también declaró que "había un plan para reponer esas cantidades".

Pero la responsabilidad en los supuestos pagos ilícitos no recaía sólo en Barroso. Según el Ministerio Fiscal, los tres últimos pagos se ejecutaron por orden del entonces teniente de alcaldesa delegado del área de Economía, Jesús Plaza, y ascenderían a algo más 200.000 euros. Un hecho también reconocido por Plaza, quien explicó que se destinaron, principalmente, a pagar a la Seguridad Social Social.