No es una plaga bíblica, sino la consecuencia de la ineficaz gestión de las masas forestales y del cambio climático, contra el que no se hace nada.
En contra de la creencia general, en nuestro país hay muchos más bosques que a mediados del siglo pasado, cuando se inició la gran emigración del campo a las ciudades y al extranjero. Estas masas forestales tienen un doble origen, las repoblaciones con pinos y eucaliptos que promovió el régimen franquista, y la regeneración natural del bosque mediterráneo que ha ocupado dehesas, pastizales y terrenos agrícolas abandonados, generando bosques densos, homogéneos y muy vulnerables a los incendios.
Siempre ha habido incendios forestales, por causas naturales –los rayos– o provocados por el hombre para generar pastizales y terrenos de cultivo. En las ordenanzas que se conservan de algunos pueblos, que datan del siglo XVI, se dedica una especial atención a los incendios forestales, porque, según se indica en las de Zahara de la Sierra, “los montes están muy gastados, quemados y talados”, por ello se prohibía el uso del fuego en verano con sanciones muy duras para los infractores.
El fuego ha sido una herramienta de ganaderos y agricultores en unas condiciones muy distintas a las actuales. El campo estaba habitado, la biomasa se reducía por su uso como combustible; el ganado mantenía los pastizales y las dehesas, impidiendo la transmisión de los incendios.
Es necesario contar con un buen sistema de extinción de incendios forestales, y Andalucía lo tiene, aunque últimamente mermado por recortes de personal y equipamientos. Pero la continua demanda de más medios, ¿a dónde nos lleva?
Si no cambia el modelo de gestión de los montes, si las macro granjas sustituyen a la ganadería extensiva, si dejamos al campo como escenario para el turismo rural, si no se abordan con decisión medidas contra el cambio climático… los incendios y sus dimensiones irán a más. Y los políticos que más vociferan exigiendo responsabilidades a otros, son los que más se oponen a estas medidas.
Andalucía tiene 43.764 km2 de terrenos forestales, la mitad de su superficie, de los que sólo el 26% son de titularidad pública. La participación de las poblaciones locales en su gestión es inexistente.
Es lamentable ver cómo en los incendios se trata a la población local como un estorbo a desalojar. El preceptivo Plan Local de Emergencias por Incendios Forestales, que pocos municipios tienen operativo, debe preparar a la población local para actuar ante un incendio forestal. Los ayuntamientos deben contar con material a disposición de la población (motobombas, desbrozadoras, batefuegos…). En los pueblos e instalaciones en zonas forestales deben realizarse simulacros de incendios; en ningún municipio se hace. Ante un incendio cunden el desasosiego y la impotencia.
La Junta acaba de actualizar el Plan Forestal Andaluz, un plan pionero aprobado por el Parlamento de Andalucía en 1989, con una vigencia de 60 años. Las políticas forestales tienen que diseñarse a largo plazo. Lamentablemente en cada actualización se han ido limitando sus objetivos y presupuesto, lo que dificulta conseguir un modelo rural vivo que genere actividad económica aprovechando y conservando los bosques.
La solución no está en un aumento indefinido de los medios de extinción, ni en hacer más cortafuegos, ni en culpar a pirómanos o a otras administraciones. Hay que generar un modelo de conservación, regeneración y aprovechamiento de los bosques que consiga mantener las masas forestales sanas, discontinuas, con un uso que reduzca la biomasa, con enclaves de pastizales, dehesas y agricultura de montaña, y con una población asentada que tenga un papel determinante en su defensa. ¿Cuánto cuesta mantener ese sistema? Mucho menos que el dinero público gastado en cortafuegos, pistas, extinción de incendios o subvenciones a grandes propietarios privados de montes, a lo que habría que sumar al valor de lo convertido en cenizas. ¿Qué es más rentable y efectivo a medio y largo plazo?
