El fracaso escolar constituye uno de los problemas más persistentes y preocupantes del sistema educativo. Pese a los esfuerzos legislativos, a la dedicación del profesorado y a los programas de mejora, las cifras de abandono temprano y de bajo rendimiento siguen siendo alarmantes. Ello revela no solo carencias estructurales, sino también la ausencia de una política educativa sostenida y coherente. España continúa situándose por encima de la media europea en abandono escolar temprano. Los informes internacionales evidencian que una parte significativa del alumnado no alcanza las competencias básicas en comprensión lectora, razonamiento matemático y ciencias. Este hecho compromete la igualdad de oportunidades y demuestra la necesidad urgente de revisar los fundamentos pedagógicos y organizativos del sistema. El fracaso escolar no puede atribuirse exclusivamente al alumno o a la familia. Es, en esencia, una disfunción del sistema educativo, que no ha sabido responder con eficacia a las demandas de una sociedad cambiante. Las desigualdades socioeconómicas, la falta de orientación, la rigidez curricular y la insuficiente atención a la diversidad son factores que se entrelazan en una espiral que perpetúa la exclusión. En este contexto, la Inspección Educativa debería desempeñar un papel esencial como garante de la calidad y la equidad así como veedora de la renovación pedagógica y de la calidad en la educación. Su función originaria no era la mera supervisión burocrática, sino la asesoría pedagógica, el acompañamiento docente y la evaluación orientadora de los centros. Sin embargo, las políticas de las últimas décadas han transformado la Inspección en un órgano más administrativo que educativo, centrado en el control documental y en la verificación normativa más que en la innovación y el apoyo pedagógico.
El deterioro de la Inspección Educativa no es fruto de un hecho puntual, sino el resultado de una evolución prolongada que comenzó con los gobiernos del PSOE y continuó con los sucesivos, sin que ninguno haya sido capaz devolverle su sentido originario. La inspección, concebida en su día como un instrumento de apoyo, orientación y garantía de los derechos educativos, se ha transformado con el tiempo en una maquinaria burocrática al servicio del control político y administrativo. Aquella función inicial, noble y necesaria, que pretendía asesorar al profesorado, impulsar la innovación pedagógica y velar por la calidad de la enseñanza, se ha ido diluyendo entre informes, plataformas digitales, memorias estadísticas y requerimientos normativos que ahogan la iniciativa profesional. Hoy, el inspector dedica más tiempo a cumplimentar formularios que a visitar las aulas, a observar prácticas docentes o a acompañar a los equipos directivos en la mejora educativa. Este proceso ha convertido a la inspección en un eslabón más de la cadena jerárquica, alejada de la realidad viva de los centros. La mirada pedagógica ha sido sustituida por la mirada administrativa; la reflexión sobre la enseñanza, por el cumplimiento mecánico de procedimientos. Y lo que es más grave: la independencia técnica del cuerpo inspector ha sido erosionada por la subordinación política. El resultado es un sistema en el que los inspectores se ven atrapados entre la burocracia y la obediencia, con escaso margen para ejercer su función crítica y orientadora. El miedo a la disidencia, la falta de confianza institucional y la sobrecarga de tareas administrativas han convertido la inspección en una instancia de control y no de progreso. Sin embargo, la educación no puede mejorar y , por en de, no sepuede combatir el fracaso escolar sin una inspección fuerte, independiente y comprometida. Necesitamos recuperar su esencia: un cuerpo técnico con autoridad moral y académica. Una inspección que no sea el brazo ejecutor de la administración, sino el garante de la equidad, la calidad y los derechos educativos del alumnado. Es tiempo de reflexionar y reformar. Si la educación es el motor del futuro, la inspección debe volver a ser su conciencia crítica, su faro ético y su impulso renovador. Mientras siga atrapada en la burocracia, la mejora educativa seguirá siendo un discurso vacío. También es tiempo de reivindicar tanto a nivel individual como a través de los diversos sindicatos de inspectores de educación una inspección profesional suficientemente formada para atender a este reto.
