Dentro del riego por goteo electoral que protagoniza Pedro Sánchez las últimas semanas, turno en esta ocasión para la sequía que azota al país desde hace tres años. Un Consejo de Ministros extraordinario acordó un paquete de medidas por valor de casi 2.200 millones de euros. Incluyen ayudas directas a ganaderos y agricultores, además de aplazamiento de pagos de cuotas de la seguridad social, devolución de impuestos como el IBI y aportaciones para contratar seguros agrarios. En Andalucía, cosechas como la del trigo, la cebada, el cereal, el arroz y el olivar, entre otras, se hallan en situación crítica si no irreversible. Hay productores que incluso han optado por regar sus terrenos contratando camiones cuba. La falta de pastos también golpea a la ganadería extensiva. El evidente componente de "campaña" que denuncia el presidente de la Junta no debe impedir que se salude la tardía reacción del Gobierno. Estamos ante un problema que comienza a hipotecar la marcha de la economía nacional y, sobre todo, la andaluza. La dotación de 200 millones de euros para nuevas desaladoras en Almería y Málaga es un gran paso en la dirección adecuada. No parecen suficientes, sin embargo, los 102 millones para actuaciones de ejecución inmediata y prioritarias en la Cuenca del Guadalquivir, aunque supongan un respiro para los acuíferos de Doñana. La ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, asegura que hay un marco técnico de trabajo entre las dos administraciones con reuniones quincenales. Sería deseable que en estos encuentros se diseñara un cronograma con fechas y plazos para afrontar las infraestructuras hídricas que precisa la región. Son inversiones que la autonomía no puede afrontar en solitario. El horizonte electoral hasta diciembre no debe interferir en los necesarios acuerdos.